«Me descarto para ser candidato alternativo a Isabel Bonig». El presidente de la diputación de Alicante y responsable del partido en la provincia, Carlos Mazón, se pronunció ayer en estos términos durante una comparecencia con la presidenta regional, Isabel Bonig, al ser inquirido sobre sus planes para suceder a la responsable popular.

« Lo he dicho una y otra vez», indicó Mazón en relación a las voces que los sitúan como el candidato oficioso de Génova para pelear a Bonig el liderazgo del partido. Génova baraja varios escenarios y uno de ellos es forzar el relevo de la presidenta regional quien, en principio, tiene voluntad de optar a la reelección en el próximo congreso regional. De darse ese paso, Mazón es una de las opciones, aunque no la única.

Ahora bien, el PP no quiere entrar en batallas orgánicas internas y menos en medio de una pandemia y de ahí que ayer tanto el dirigente alicantino como Bonig se esforzaran por quitar trascendenica a este debate. Mazón atribuyó el debate interno a «habladurías» que interpreta como un reconocimiento de que «estamos haciendo las cosas bien en la Diputación de Alicante».

«Carlos Mazón y yo tenemos buena relación. Nunca hemos tenido ningún problema. Hay gente que quizá tenga intención de que tengamos una mala relación, pero los hombres y las mujeres del PP nos llevamos muy bien», prosiguió Bonig. La presidenta insistió en que cuando llegue el momento del congreso regional (la idea es tras el verano de 2021) «me presentaré» y se podrá presentar quien considere oportuno. Dicho esto, abogó por una acción conjunta de todo el PP valenciano para «ayudar a que Pablo Casado llegue a la Moncloa».

La acción conjunta de ayer entre Bonig y Mazón, a la sazón portavoz del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, fue conjurarse para reducir la carga fiscal donde gobierna el PP en la Comunitat para contrarrestar el aumento de impuestos de Pedro Sánchez y Ximo Puig.

El PPCV dará unas recomendaciones en los ayuntamientos e instituciones donde gobiernan para congelar, reducir, suspender o eliminar el mayor número de tasas municipales e impuestos locales. «El objetivo es mantener y recuperar empleos, de personas en ERTE y permitir opciones de empleabilidad y recuperación económica», dijo Mazón.

Tanto en diputaciones como en ayuntamientos propondrán una reducción al 10 % del IBI.