El Ingreso Mínimo Vital cumple medio año sin acabar de despegar. Interés hay. Hasta el 19 de octubre, y según datos del propio Gobierno, habían llegado 115.830 solicitudes a las oficinas de la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana. Una cifra que de hecho supera las previsiones que se manejaban en mayo, que hablaban de unas 100.000. Pero solo el 2 % han cobrado.
«Es una herramienta muy necesaria, pero tiene que solucionar problemas de trámites y acceso», protesta Virginia Sanchis, vicepresidenta de la red de entidades por la inclusión social EAPN en la Comunitat Valenciana. Los datos del propio ministerio que dirige José Luis Escrivà hablan de que de las 115.830 peticiones solo se habían resuelto 16.169 (un 14 %), mientras quedaban otras 99.661 sin examinar.
Del total de solicitudes, son 2.584, un 2 %, las que han tenido una contestación favorable y se incluyeron en la nómina de octubre, ya pagada. Si se mira sobre las resueltas, 16 de cada 100 reciben una respuesta positiva mientras que un 84 % han sido rechazadas.
Esto no quiere decir que el IMV lo reciban solo 2.584 hogares. En total, 17.233 familias reciben una media de 496,85 euros de esta ayuda en la Comunitat, nueve euros más que la media nacional, y que representa un 3 % de las 460.000 unidades de convivencia valencianas por debajo del umbral de la pobreza.
El resto, los 14.649 que faltan hasta las 17.233 que la cobraron en octubre, forman parte de las que ya recibían las prestaciones por hijo a cargo que se incluyeron «de oficio» en el Ingreso Mínimo Vital. Con ello, la ayuda llega hasta 26.075 adultos y 26.304 menores de 17.233 hogares distintos. La provincia de València está a la cabeza con 8.601 familias beneficiarias, por las 6.891 de Alicante y las 1.741 de Castelló.
Desde las organizaciones como EAPN, Sanchis advierte de las dificultades que genera la brecha digital o la obligatoriedad de contar con una cuenta bancaria. Mari Luz Vicent, responsable del programa de Acogida de Cáritas, añade, por su parte, las complicaciones para entender el lenguaje administrativo, las «explicaciones telegráficas de por qué se deniegan los expedientes» o la falta de documentos acreditativos.
Escrivà reconoció en una entrevista que la prestación tendría una revisión exhaustiva porque no iban a llegar a las familias propuestas «ni de lejos». Así, abogó por «redefinir la política» para no rechazar tantos porque «superan el nivel de renta» y se escudó en la falta de personal de la Administración.
