El 5 de octubre saltaron todas las alarmas: Salud Pública confirmaba 131 positivos entre los residentes del Colegio Mayor Galileo Galilei tras el rastreo masivo con PCR por los primeros cuatro contagiados detectados el 30 de septiembre. Era la primera consecuencia tangible de una fiesta multitudinaria celebrada nueve días antes en la azotea de la residencia estudiantil en plena pandemia y sin ninguna medida de protección entre sus más de 200 participantes. Aún hoy, el ya tristemente famoso tardeo ibicenco del ‘Gali’, como le llaman sus usuarios, continúa siendo el mayor brote de covid-19 de la C. Valenciana, con 145 infectados en un solo acto :131 residentes y 14 ‘invitados’.
La primera consecuencia de ese acto irresponsable fue el confinamiento de los 706 jóvenes alojados en el colegio mayor —más los 14 positivos ajenos a la residencia—, pero también la suspensión de las clases de los 25.000 alumnos de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la anulación de las prácticas clínicas de todos los alumnos de Ciencias de la Salud después de ver que la cuarta parta de positivos del brote eran estudiantes de esas especialidades.
El 6 de octubre, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ordenaba a la Policía Autonómica una investigación para buscar responsables e imponerles las duras sanciones que prevé el decreto anticovid. El informe policial que servirá de base para tramitar las multas a los participantes, a los organizadores y a los responsables del centro no tiene desperdicio.
En las primeras tres semanas, ya habían identificado a 214 participantes no solo en el tardeo ibicenco, sino en sus secuelas en las habitaciones esa misma noche. Pero solo hay posibilidad de sancionar a medio centenar —entre 40 y 50, estiman las fuentes consultadas—: los únicos identificados con garantías por una falta leve —no usar la mascarilla— y una falta grave —por participar en una fiesta ilegal—. Eso sí, para los organizadores del ‘evento’, miembros del Consejo Colegial —algo así como una ‘comisión de fiestas’ integrada por ocho residentes y cuya cuenta de Instagram, hoy cerrada, ya anuncia mucho en el nombre: ‘Consejo Jarana’— y para directivos y empleados del colegio mayor se buscará un plus por su responsabilidad en la fiesta y sus consecuencias.
Pasividad, inacción, descontrol...
El informe detalla, día a día, cómo se gestó la ‘ciclogénesis’ sanitaria, y concluye que los dirigentes que regentan la residencia mostraron «falta de diligencia por permitir, por inacción o pasividad, las fiestas y reuniones».
Así, el 16 de septiembre, el coordinador académico del Galileo se reunió con representantes del Consejo Colegial y el director académico de la UPV. Ahí ya se habla de «incidentes» por «fiestas y reuniones numerosas» y se intentan buscar «alternativas más seguras». Es decir, había constancia de que se estaban corriendo riesgos. Aún así, los integrantes del Consejo Colegial ya hablan en ese encuentro de que se está organizando el tardeo ibicenco y nadie muestra oposición.
Al día siguiente, 17 de septiembre, el coordinador académico del Galileo envió un correo a los responsables del centro dando cuenta de la reunión e informándoles de que van a habilitar la terraza, con aforo para 420 personas, para las «actividades de ocio en horas nocturnas». El tardeo sigue adelante.
Pero ese mismo día se produce una nueva quiebra de la confianza por parte de los alumnos: los vigilantes de la UPV denuncian «fiestas a gran volumen, con griterío, luces de colores visibles desde la calle y en grupos de hasta 7 personas sin mascarilla ni distancia en las habitaciones». Incluso la Policía interviene y denuncia a varios residentes.
Pese a ello, todo sigue su curso. El 20, la cuenta Consejo Jarana anuncia en Instagram los eventos de la semana, entre ellos, el tardeo ibicenco para el sábado, 26. El día 22, sea por las sanciones del 17 o por otras razones, el coordinador académico de la residencia anuncia a todos los internos del colegio por el grupo de Whatsapp y a varios miembros del Consejo en personala orden de clausura de la azotea bajo llave y la prohibición de usarla sin autorización. No hace mención expresa a la fiesta ibicenca.
Hasta ese momento, la terraza solo se cerraba a partir de las 23.00 horas y se consideraba espacio común para uso en actividades lúdicas. Los miembros del Consejo declararon a la Policía que ese día 22 habían desconvocado la fiesta ibicenca por redes sociales, pero al menos dos de ellos —que aparecen en los vídeos— admiten haber participado en ella.
Y llegó la tarde del 26. Los wasap de los residentes ardieron esa tarde. «No sabíamos si había fiesta o no», admitió una chica a este diario. Aún así, «a partir de las siete o así, la gente empezó a subir». El jolgorio se prolongó hasta que un residente, con número oculto, llamó a recepción a las 20.00 horas. El recepcionista subió y advirtió a los jóvenes que el acto estaba prohibido y que si no se iban, llamaría a la Policía. Una hora después, a las 21.00 según el informe policial, los propios participantes «disuelven» la fiesta y abandonan la azotea.
Las secuelas y un excolegial
Cuatro horas después, a la una, otro residente llamó a recepción por una fiesta en una habitación. La Policía Nacional envió varias patrullas que identificaron a los 22 asistentes a una fiesta en una habitación individual. No llevan mascarillas ni, obviamente, guardan la distancia entre ellos. Los 22 acabaron denunciados, con especial mención al inquilino del cuarto: un exmiembro del Consejo Colegial. Todos habían estado en la azotea.
La noche no terminó ahí. Dos horas más tarde, pasadas las tres de la madrugada, la Policía Nacional regresó por una segunda fiesta ilegal en otra habitación —la tercera de la noche, en realidad—. Esta vez, les perdonaron los bolsillos y se limitaron a echarles una reprimenda y a disolver el encuentro.
La Policía Autonómica ha tomado declaración a los miembros del Consejo, al director académico, a los recepcionistas y al director del centro, y se han apoyado en los vídeos y en los rastreos. Al director, como máximo responsable, lo interrogaron dos veces: el 7 y el 14 de octubre. Sus versiones son totalmente distintas.
En la primera dijo no saber nada, negó que hubiese fiestas anteriores y que le hubieran informado de la ibicenca. En la segunda, cuando ya habían declarado y contado la verdad los dos recepcionistas de aquella tarde-noche, admitió que sí le habían informado en un correo enviado en ese momento de que habían subido a las 20.00 horas para disolver la fiesta y en otro mail, a la mañana siguiente, de la jarana en la habitación del exconsejero colegial. Pero no supo decir con certeza si ese día estaba cerrada con llave la terraza. Eso sí, en su primera declaración aseguraba que posiblemente los jóvenes habían subido por las escaleras de emergencias laterales y dejaba caer que «la puerta antipánico de la sexta planta estaba forzada».
Sus explicaciones no han convencido a la Policía. No solo consideran que «no es suficiente» para eludir la responsabilidad aquel wasap del día 22, sino que hablan de falta de control en el acceso al centro, en lo que se hacía dentro y en la capacidad para mantener el orden y la disciplina. «Descontrol total» es el término empleado en el informe. Y la conclusión final no deja lugar a dudas: «Queda claro que el centro no ha estado a la altura porque han fallado desde el primero al último responsable». Ahora, será el Servicio de Espectáculos de la Generalitat quien tramite las sanciones.
