El Juzgado de Instrucción 8 que investiga el caso Erial ha iniciado el "decomiso sin condena" de bienes del expresidente de las Corts, Juan Cotino, a pesar de su fallecimiento el pasado 13 de abril por coronavirus, según ha confirmado el fiscal Anticorrupción de València, Pablo Ponce, durante una entrevista en èl programa "Les noticies del matí" de Àpunt, la televisión autonómica. Ponce ha explicado que el Código Penal permite recuperar el dinero defraudado aunque el acusado haya fallecido. El expresidente de las Corts y exvicepresidente del Consell estaba investigado en el caso Erial, junto a dos de sus sobrinos, por el presunto pago de comisiones por parte de la empresa familiar supuestamente a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y de las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). De hecho, la testaferra de los Cotino en Luxemburgo, Beatriz García Paesa (sobrina del espía que engañó a Roldán, Francisco Paesa) declaró en la causa judicial de Erial que el expresidente de las Corts, Juan Cotino, trasladó 640.000 euros en metálico al Gran Ducado en 2001 (cuando era director general de Policía).

El Fiscal Anticorrupción Pablo Ponce también ha explicado en el programa "Les notícies del matí" que actualmente la Fiscalia Anticorrupción de València (que conforman tres fiscales: Ponce, Virginia Abad y Jesús Carrasco) investiga "10 o 12 casos de corrupción". De todos ellos, al menos uno sigue bajo secreto sumario: el caso Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos por parte del cuñado de la exalcaldesa de València, Rita Barberá.

Ponce, que ha ofrecido la entrevista con motivo del día internacional de la lucha contra la corrupción, ha explicado que las tramas más complicadas de investigar son las que acumulan muchos acusados o tienen ramificaciones internacionales, como son los casos Taula y Erial. En Taula se investiga a un centenar de personas el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, la Diputación de València y la empresa pública de la Generalitat, Ciegsa, además del presunto delito electoral cometido en las elecciones de 2007, 2011 y 2015 (en este último año por un presunto pitufeo). En Erial se investiga la presunta trama orquestada por el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para supuestamente ocultar el pago de comisiones por las adjudicaciones de las ITV y del Plan Eólico. En esta última causa, Ponce ha confirmado que la justicia ya ha conseguido recuperar nueve millones de euros del dinero presuntamente defraudado. Un logro que se ha conseguido, ha destacado, "porque el juzgado, la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, en secreto y con colaboración internacional” a pesar de ser un caso complicado pero en el que, gracias al trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guàrdia Civil, se ha conseguido recuperar parte del dinero.