El Juzgado de Instrucción 8 que investiga el caso Erial ha iniciado el «decomiso sin condena» de bienes del expresidente de las Corts Juan Cotino, a pesar de su fallecimiento el pasado 13 de abril por coronavirus, según informó ayer el fiscal Anticorrupción de València, Pablo Ponce, durante una entrevista en el programa «Les noticies del matí» de Àpunt, con motivo del Día internacional contra la corrupción.

Ponce ha explicado que el Código Penal permite recuperar el dinero defraudado aunque el acusado haya fallecido, en una causa judicial a petición de la Fiscalía. El expresidente de las Corts y exvicepresidente del Consell estaba investigado en el caso Erial, junto a dos de sus sobrinos, por el presunto pago de comisiones por parte de la empresa familiar supuestamente a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y de las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). De hecho, la testaferra de los Cotino en Luxemburgo, Beatriz García Paesa (sobrina del espía que engañó a Roldán, Francisco Paesa) declaró en la causa judicial de Erial que el expresidente de las Corts, Juan Cotino, trasladó 640.000 euros en metálico al Gran Ducado en 2001 (cuando era director general de Policía).

Esta es la misma cantidad que la titular del Juzgado de Instrucción 8 ha inmovilizado de la herencia que dejó el expresidente de las Corts y exvicepresidente del Consell. En un auto fechado a finales de noviembre, la magistrada declara extinguida la responsabilidad penal de Cotino en el caso Erial.

Aunque en la misma decisión judicial dicta, a petición del Fiscal Anticorrupción, el embargo preventivo de los productos bancarios a nombre de Alquería Dolores SL, una de las empresas familiares de los Cotino, por valor de 160.316,16 euros.

Y también tres parcelas ubicadas en la partida del Realengo de Picanya, a nombre de la misma mercantil. Los investigadores del caso Erial también advierten a los herederos sobre la «prohibición de disponer de todas las participaciones sociales» del expresidente de las Corts.

En el caso Erial los investigadores han conseguido recuperar 9 millones de euros del dinero presuntamente defraudado. Un logro que se ha conseguido, según destacó Ponce, «porque el juzgado, la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, en secreto y con colaboración internacional a pesar de ser un caso complicado pero en el que, gracias al trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guàrdia Civil, se ha conseguido recuperar parte del dinero».