La ley valenciana de incompatibilidades y conflicto de intereses de altos cargos de la Generalitat aprobada en 2016 incorporó en sus orígenes el control a la cúpula funcionarial y al personal eventual. La proposición de ley elaborada por Compromís en las Corts supuso un auténtico terremoto ya que buscaba dar cerrojazo a las puertas giratorias y someter a altos cargos y, por primera vez a asesores y altos funcionarios, a un estricto régimen de incompatibilidades.
La inclusión de personal empleado público (el texto apuntaba a quienes ocuparan jefaturas de servicio o de área y, en general, a quienes percibieran retribuciones superiores al nivel de complemento de destino 26) generó un rechazo sindical que acabó sacando a este personal de estas restricciones. Los sindicatos alegaban que el funcionariado ya está sometido a un régimen de incompatibilidades y disciplinario específico. La norma, de carácter estatal, es mucho más laxa y, por ejemplo, no hay exigencia de que este personal airee su patrimonio.
La Agencia Antifraude, que lidera Joan Llinares, aprecia en este sector funcionarial un agujero negro y así lo apunta en un documento publicado el miércoles con motivo del día internacional contra la corrupción en el que reflexiona sobre el conflicto de intereses como antesala de la corrupción. El informe hace un recorrido sobre el estado de la cuestión y se fija en el caso de la Comunitat Valenciana armado con mecanismos legales (la propia ley de incompatibilidades) y con una oficina específica sobre conflicto de intereses adscrita a Transparencia, pero con debilidades en comparación con otras experiencias.
Supuestos
Antifraude habla de la existencia de situaciones de conflicto que puede afectar al funcionariado, sobre todo el situado en puestos claves, y pone supuestos como el de un empleado del cuerpo de letrados que colabore con un despacho profesional, la esposa de un funcionario responsable de un órgano de contratación que trabaje en una de las licitadoras o una técnica de urbanismo que mantenga una consultora.
Como buena práctica, Antifraude cita la Alta Autoridad francesa para la Transparencia de la Vida Pública que recoge las declaraciones y verifica la exactitud e integridad de los bienes e intereses declarados por los funcionarios de alto rango, unos 16.000 efectivos. Están obligados a declarar sus bienes e intereses y las declaraciones se comprueban y los datos se cruzan con los de la Administración tributaria.
Antifraude valora el trabajo de la oficina de registros, pero apunta algunas debilidades. Así advierte de que los estudios señalan que estos organismos tienen problemas de credibilidad para frenar las puertas giratorias ya que el índice de autorizaciones para la reincorporación al sector privado es del 98 %, de ahí que se aconseja reforzar el estatus, las competencias y los medios. También se pone el foco en la gestión atomizada de los registros.
