La visita del papa a València en julio de 2006 se saldó con 3 millones de euros en deudas que tuvo que asumir la Generalitat y dos causas judiciales. En la primera abierta por la Audiencia Nacional han acabado condenadas 19 personas, entre ellas los cabecillas de la Gürtel y 8 exdirectivos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) por adjudicar a una empresa pantalla de la Gürtel, Teconsa, la retransmisión del evento por 7.493.000 millones de los que 3,2 fueron comisiones que se repartieron Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez «el Bigotes» y el exdirector de RTVV, Pedro García.

La segunda causa judicial, abierta en parte como apéndice de la instrucción de la Audiencia Nacional, frenó ayer en seco tras la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 5 de València de archivar la causa. El sobreseimiento es provisional, por lo que si surgiera alguna novedad, la instrucción podría reabrirse.

La clave del archivo de esta segunda causa reside en que la magistrada da por buenas la tesis defendida por los investigados, y algunos testigos, de que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (Fvemf) era de naturaleza privada. Por tanto, no debía someterse a la ley de contratos de las Administraciones Públicas y los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia.

En el punto de mira estaban los once contratos de la Fvemf con otras tantas empresas para el suministro del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios químicos con los que se inundó la ciudad, los alojamientos de la curia, la comunicación, publicidad o difusión del evento, además de los trabajos realizados por la empresa pública Vaersa para la visita papal a coste cero para la fundación y con cargo para las arcas públicas autonómicas.

Entre las mercantiles contratadas estaba Teconsa SA, la empresa pantalla utilizada por la Gürtel para sacar tajada del evento y condenada por la Audiencia Nacional. Curiosamente, en esta última sentencia sí se considera la Fvemf «como una fundación pública, sometida al régimen de contratación de las entidades del sector público». Una tesis que también defendía la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat en la causa abierta en València.

Otra de las razones que lleva a a la titular del Juzgado de Instrucción 5 a archivar la causa es que «no existe indicio alguno de que los investigados se hubieran concertado al inicio para constituir una fundación con el fin de delinquir, que tuvieran conocimiento de que la fundación debía someterse a la normativa de la contratación del sector público para suscribir los contratos que suscribió y que con dicho conocimiento y ‘a sabiendas’ de esa naturaleza púbica que se defiende y de manera arbitraria, se hubieran concertado para eludir la normativa y contratar con las empresas que desarrollaron los trabajos o prestaron los servicios para favorecer a las mismas, favorecimiento del que no existe el mas mínimo rastro durante la instrucción».

De los investigados, la magistrada añade que Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y presidente de honor de la Fvemf, no tenía «ninguna atribución concreta que conste y de lo actuado durante la instrucción no se ha revelado participación alguna en la actividad de la fundación» ni «dio instrucciones». Del obispo auxiliar, Esteban Escudero, apunta que «seguía las instrucciones de las altas autoridades eclesiásticas». Y del resto de investigados, que no participaron en la toma de decisiones de los contratos.