El Tribunal de Cuentas ha embargado 51.250 euros de la pensión de jubilación al exconseller Rafael Blasco desde 2013. Hace ahora justo siete años que el tribunal contable requisó parte del salario que percibía el político para comenzar a resarcir la responsabilidad contable por el desvío de las ayudas a la cooperación, cuando dirigía la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía (2007-2011), por lo que ya ha sido condenado en dos ocasiones.
En la primera sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat València (TSJCV), fue condenado a 8 años de cárcel, aunque el Supremo rebajó la pena a seis años y seis meses, de los que ha cumplido tres años y siete meses de prisión. Desde el 1 de febrero de 2019 está en régimen de semilibertad, tras obtener el tercer grado penitenciario. Una situación que le permitió acudir durante cuatro meses (de abril a junio de 2019) al segundo juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación a varios países africanos y el fallido hospital en Haití. Por esta última causa fue condenado a un año de cárcel, tras llegar a una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Sentencia que ha sido recurrida por la Coordinadora valenciana de ONGD (Cvongd) y la Abogacía de la Generalitat ante el Supremo.
La incautación de los 51.250 euros de la pensión de Blasco por el Tribunal de Cuentas se corresponde con la primera sentencia que condenó el desvío de 1,7 millones de la ayuda humanitaria prevista para Nicaragua de los que solo llegaron a su destino 43.953 euros. Por ello el Tribunal de Cuentas cifró en 1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas, cantidad que deben devolver Rafael Blasco junto a parte de su equipo de confianza en las siete conselleries que llegó a ocupar con cuatro presidentes distintos como Tina Sanjuan, Marc Llinares o Alejandro Catalá. Aunque la cantidad final a devolver es de 2.772.392,11 euros desglosados en los 1.623.819,86 euros desviados, más 508.789,46 euros por intereses legales y 639.782,79 euros para costas. Así que el exconseller ya ha aportado los 51.250 euros embargados de su pensión y, según un escrito aportado a la sección quinta de la Audiencia de València «a efectos de recursos», «debe sumarse el importe obtenido recientemente mediante la subasta del único bien inmueble de su titularidad», apunta su letrado en el escrito. Curiosamente, para justificar esta última adjudicación la defensa de Blasco aporta un recorte de prensa del anuncio de la subasta del chalé publicado por Levante-EMV.
Blasco concluye el escrito reivindicándose ante la sección quinta que lo condenó. «Todo ello pone de manifiesto, no sólo que Rafael Blasco está respondiendo con todos sus bienes presentes y futuros, sino la ausencia de cualquier enriquecimiento del mismo durante su dilatada vida en la función pública, con independencia de la temeraria manipulación que de todo ello se ha realizado durante el procedimiento por las representaciones de la Cvongd y de la Generalitat».
