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Tras la ‘kale borroka blavera’

El camino hacia la autonomía valenciana quedó empañado por una violenta guerra de símbolos con vencedores y vencidos sobre cuya génesis bucea la investigación de Sancho

El alcalde de València, Ricard Pérez Casado, fue agredido junto a otras autoridades el 9-O de 1979. | LUIS VIDAL

A José María Fernández del Río se le echó en falta aquel 9 de Octubre de 1979. Mucho antes de ser condenado por defraudar 20 millones de pesetas al fisco y de aparecer en todos los telediarios por gastarse 50.000 euros con su «tarjeta black» de consejero de Caja Madrid, el gobernador civil de València -perteneciente a UCD- fue señalado como máximo responsable de la inacción policial que precipitó los incidentes del que está considerado como el episodio cumbre de la «Batalla de València», cuando la escalada de violencia protagonizada por grupos incontrolados de la ultraderecha movidos por el leitmotiv del anticatalanismo alcanzó su cénit con la quema de la bandera preautonómica del Consell y la agresión al alcalde socialista de València y a otras autoridades en la procesión cívica más incívica que se recuerda.

En Anticatalanismo y transición política (publicado por la Universitat de València) el historiador Juan Luis Sancho desmenuza el clima de connivencia auspiciado por el Gobierno de UCD y los sectores más conservadores herederos del franquismo que permitió al blaverismo sembrar de terror la transición y dar un vuelco al proceso autonómico constituyente tras la victoria mayoritaria de la izquierda en las primeras elecciones democráticas desde 1936. «Fue una auténtica ‘kale borroka’ instigada desde el Estado, con vencedores y vencidos», resume Sancho. Se refiere a la oleada de atentados, algaradas callejeras, asaltos a instituciones y agresiones a dirigentes políticos e intelectuales, una espiral que fracturó la sociedad y abrió heridas traumáticas que hipotecaron el desarrollo socioeconómico de la C. Valenciana.

Hace 39 años por estas fechas, el lingüista Manuel Sanchis Guarner falleció de un infarto poco después de saber que al presidente del Grup d’Acció Valencianista (GAV), Martín Villalba, no se le iba a condenar por difundir el bulo de que él mismo se había autoenviado el paquete bomba con el que los ultras quisieron borrarle del mapa. El artefacto no explotó, pero Sanchis Guarner quedó profundamente afectado por un suceso tras el cual ni la Policía ni la justicia localizaron a ningún responsable. Tampoco se molestaron mucho en investigar, como muestran las diligencias que desentraña Sancho. El escritor ya había sido víctima de un intento de agresión y de un violento escrache con petardos y pintadas amenazantes, pero toda la campaña de hostigamiento quedó impune.

Lo mismo ocurrió con los hechos del 9 de Octubre del 79, que el gobernador civil justificó por la «provocación» del Consell y el ayuntamiento de izar la bandera sin la franja azul. Un año después, Fernández del Río entregó un premio a Mª Consuelo Reina, la directora del periódico que en aquella época, según Sancho, «creó un ambiente de psicosis paranoide en la población en torno al anticatalanismo», utilizado como arma arrojadiza e instrumentalizado por el partido que gobernaba en España para minar a la izquierda. «UCD vio la oportunidad de sacar rédito político, se alió con las tesis blaveras y consiguió reconducir el proceso autonómico por la vía del artículo 143 de la Constitución y no por el 151, que hubiera equiparado al País Valenciano a las nacionalidades históricas», observa el historiador. En ese proceso fue determinante el desembarco de Manuel Broseta en UCD de la mano de Emilio Attard, con Abril Martorell al frente de la línea dura. La vorágine anticatalanista condujo a la sociedad valenciana a un conflicto «de una gran radicalidad» en el que la derecha patrimonializó las señas de identidad y la izquierda acabó sucumbiendo ante la guerra de símbolos. El mensaje sobre la existencia de un peligroso enemigo interno y externo (el catalanismo), tan propio del discurso franquista y con antecedentes en el blasquismo, caló en amplias capas de la población pertenecientes a las clases populares tradicionales, trabajadores de la huerta e inmigrantes que durante años «crecieron con el miedo inoculado por la dictadura».

Para Sancho, la ausencia de líderes conservadores en las instituciones valencianas verdaderamente comprometidos con la reformas dinamitó la posibilidad de una transición pacífica y modélica que solo pervive como mito. «Sabían que se les había acabado el tiempo, pero querían dejar el anticatalanismo como legado», reflexiona el autor. Un ejemplo es el último presidente franquista de la diputación, Ignacio Carrau, que en 1978 participó en un cierro en el Palau de la Generalitat y arengó a la movilización ciudadana en protesta por un programa en TVE dedicado a Ausiàs March en el que se defendió la unidad de la lengua. Con los ánimos exaltados, miembros del GAV y ultradrechistas acosaron a Sanchis Guarner en su casa. El objetivo era claro: desactivar a los referentes cívicos y culturales progresistas. La Policía no acudió ante las llamadas del escritor.

El blaverismo creció al calor de UCD con el apoyo de organizaciones como el GAV, Unión Regionalista o Procuvasa y de emprendedores «hecho a sí mismos» que representaban la «sana valencianía» como González Lizondo o Sáez Merino. Eso sí, Sancho desmiente la idea tan asentada de que no hubo una burguesía liberal abierta a los cambios sociales. Y pone en valor la figura del abogado Joaquín Maldonado, que, pese a su participación en el alzamiento franquista, fue distanciándose del régimen para jugar un importante papel hacia el aperturismo y la convivencia desde la presidencia del Ateneo Mercantil, que dio voz a Fuster o Sanchis Guarner, ambos objeto de bombas rebajadas a simples petardos por Ignacio Carrau. Maldonado pagó fianzas a sindicalistas y militantes de izquierdas. «Sí hubo una burguesía liberal, pero no tuvo suficiente fuerza como para que el proceso democrático fuera por otros cauces. Acabó primando la mano dura», incide Sancho. Los precedentes no eran halagüeños: la postura reivindicativa ante Madrid que adoptaron tras la riada del 57 el alcalde de València, Tomas Trénor, y el director de Las Provincias, Martí Domínguez, les costó a ambos el puesto. Por no ofrendar nuevas glorias a España.

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