La ley Celaá marca que el cuerpo de profesorado técnico de FP debe extinguirse. Así consta en el texto que aprobará en breve el Senado, en el que se detalla que los docentes de este grupo con titulación universitaria promocionarán y se equiparán a los de Secundaria, pero los que no cuenten con ella, no podrán mejorar su situación hasta que se jubilen o pasarán a ser contratados como especialistas en el mejor de los casos.

Este profesorado técnico —antiguamente conocido como maestros de taller y cuya figura ha ido desdibujándose en las sucesivas leyes educativas— es relevante en especialidades relacionadas con el mantenimiento de vehículos, la imagen personal, las artes gráficas, la hostelería o soldadura, entre otras, sin estudios universitarios relacionados. Este curso, el sistema educativo valenciano cuenta con un total de 3.631 en jornada completa, más otros 179 a jornada parcial, según la Conselleria de Educación, si bien no se detallan cuántos cuentan con la carrera que la Lomloe les exigirá.

«El alma y la esencia»

En concreto, la nueva ley apunta que «se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria las especialidades de FP incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos, manteniendo la atribución docente reconocida por la normativa vigente».

Además, se detalla que el Gobierno y las autonomías acordarán las condiciones de ingreso y que, aquellos que no tengan los requisitos exigidos permanecerán en el cuerpo a extinguir, con su especialidad y retribución, pero no promocionarán ni serán equiparados.

La plataforma del profesorado técnico de FP ha remitido un escrito a los partidos para que modifiquen este punto antes de la aprobación de la norma, ya que consideran que sale perdiendo una figura que es «el alma y da la esencia a la FP, al aportar los conocimientos, las destrezas y las habilidades que se valoran en el mundo laboral».

Creen que no se agradece el papel de quienes han contribuido a dotar a estos estudios de «prestigio» y dan «valor añadido» a la formación del alumnado. «Hemos sabido, algunos durante más de 30 años, reciclarnos y actualizarnos constantemente para que el alumnado recibiera una formación a la altura de las demandas del mundo empresarial», apuntan. Por eso, piden que se garantice su continuidad.

Por su parte, para Stepv la medida soluciona la «discriminación salarial y de derechos» que actualmente sufre el cuerpo en el caso de aquellos que sí tienen titulación universitaria; pero en el caso del profesorado que permanezca como técnico «no se aceptará a más personas en la bolsa y las oposiciones que se convoquen tendrán como requisito una titulación universitaria». En el caso de las especialidades sin carreras asociadas, «solo podrán ser contratados como especialistas, precarizando así sus condiciones laborales» o deberán acreditar estudios universitarios, aunque no estén relacionados con la docencia que imparten.