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El PSPV acerca posiciones con Cs para el presupuesto entre el recelo de los socios

El Botànic aprueba 24 enmiendas a Ciudadanos

Ruth Merino (Cs), Aitana Mas (Compromís) y José Muñoz, ayer en los pasillos de las Corts. | R.C.V.

La fase final del debate presupuestario valenciano se juega ya con casi todas las cartas sobre la mesa. Socialistas y Ciudadanos (Cs) mantienen encuentros a dos bandas, por la vía parlamentaria y por la de la Conselleria de Hacienda, y en ambas formaciones se muestran optimistas ante la posibilidad de un acuerdo final.

En Cs dan por aprobadas las 25 enmiendas que consideran clave, salvo la del fondo covid y la de la bajada del IRPF a las rentas de menos de 50.000 euros.

En esta última se juega la partida. Todo apunta a que la primera se aprobará en el pleno sin más sobresaltos, pero en la segunda resulta complicada la cuadratura del círculo que busca el PSPV: pactar con Cantó y que Compromís y Unides Podem se sumen.

Los socialistas ven asumible la propuesta y sostienen que su electorado puede entender sin problemas una subida de impuestos a rentas altas, de más de 140.000 euros, y al mismo tiempo una bajada a las de menos de 50.000.

Las negociaciones están abiertas y ambos grupos aseguran que se están acercando posiciones con un posible texto de la enmienda final que no disguste a nadie. Fuentes de Cs se declaran incluso dispuestas a alguna cesión.

Pero en Compromís y Unides Podem no ha variado la posición y entienden que la bajada del impuesto de la renta a las de menos de 50.000 acaba beneficiando a las más altas porque así es como funciona el sistema de tramos.

En la coalición cifran en 93 millones el agujero que ello crearía a la Generalitat y aunque siguen hablando con Ciudadanos, como se puede ver en la imagen que ilustra esta información, no creen que los 93 millones sean un coste asumible por una fotografía con Cantó cuando los votos de Cs no son necesarios. Mientras Ciudadanos ya ha conseguido ayudas directas al sector turístico de ocho millones, aumentar la cuantía del bono turístico en dos millones hasta los 13, un bono comercio de cinco, aumentar la inversión para los puertos o la creación de 2.000 plazas de mayores, 1.500 de nueva licitación en centros privados.

También la incorporación de 250 médicos y 500 enfermeros para el refuerzo en residencias con diez millones o desarrollar un plan de eficiencia interna de la Generalitat o poner en marcha un bono para estudiar inglés.

Marear y acaparar el foco

Pero el acercamiento a Ciudadanos causa mucho recelo en los socios del Botànic. Especialmente en Unides Podem.

La coordinadora, Pilar Lima, dijo ayer que las condiciones que pone Cantó no se van a cumplir e hizo un comentario en tono burlesco por los cambios de posición que ha tenido el líder de Ciudadanos. El diputado de Unides Podem Ferran Martínez asegura que Cs está buscando protagonismo porque no clarifica su postura, y les instó a «que sean un poco serios» y «dejen de marear la perdiz para acaparar el foco».

Con todo, la diputada de Compromís Aitana Mas defendió ayer en las Corts que están «abiertos» a que Cs «pero también el PP» se sumen a las cuentas, para que estas «reflejaran el acuerdo del pacto de reconstrucción». No obstante, puntualiza: «Nunca nos hemos centrado en quién tiene que apoyar los presupuestos, sino qué medidas se toman».

Y el portavoz adjunto del PSPV, José Muñoz, defendió la «importancia de los grandes acuerdos que superen las fronteras partidistas» en un tiempo «histórico» de pandemia.

Dos millones más a À Punt

Mientras, la comisión de Presupuestos aprobó la enmienda conjunta de los socios (PSPV-Compromís-Unides Podem) para aumentar en dos millones de euros la financiación de À Punt.

Durante el debate, el PP ha pedido que algunas enmiendas fueran retiradas por incorrecciones: la de Ciudadanos sobre turismo y otra de indumentaria tradicional y la conjunta del Botànic para reforzar la financiación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) con dos millones hasta 55,96.

Pero la Mesa de las Corts acuerda seguir con la tramitación tras conocer la opinión de los letrados de la cámara, aunque Hacienda deberá hacer un informe.

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