Las conselleries de Compromís han dado una vuelta de tuerca al enfrentamiento que arrastran desde hace meses con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que lidera Gabriela Bravo a cuenta de cómo regular el teletrabajo en la Generalitat. Las subsecretarías de las cuatro conselleries de Compromís del Gobierno del Botànic (Economía, Agricultura, Igualdad y Educación) han enviado de forma conjunta un escrito al departamento de Bravo en el que de forma oficial le exigen que frene la tramitación del decreto sobre teletrabajo en la Generalitat y revise en profundidad el texto antes de remitirlo al Consell Jurídic Consultiu.
La carta firmada al alimón por cinco altos cargos de estas coselleries (los responsables de las cuatro subsecretarías y el secretario autonómico de Igualdad) tensa la cuerda en las relaciones con una conselleria con la que llevan meses enfrentados y cuyo origen se remonta al acuerdo del Consell promovido desde Justicia que resolvió el regreso presencial del funcionariado al puesto de trabajo cuando se decretó la denominada nueva normalidad tras el primer estado de alarma. Desde entonces, las conselleries de Compromís, sobre todo Economía, han mantenido un tiro y afloja con Bravo en relación al trabajo no presencial de la plantilla.
En la actualidad, un tercio del funcionariado está teletrabajando, pero la conselleria ha impulsado un nueva regulación sobre el teletrabajo con el objetivo teórico de extender esta modalidad de trabajo.La propuesta, sin embargo, no gustó en el ambito de Compromís, que desde el principio la consideró excesivamente restrictiva.
Las conselleries presentaron multitud de alegaciones al proyecto (algunas se incorporaron) pero el informe de la Abogacía de la Generalitat conocido hace unas semanas en el que ponía numerosas pegas al proyecto, les ha dado oxígeno.
En el escrito presentado por registro de entrada y al que ha tenido acceso este diario, los responsables de las subsecretarías consideran que este informe jurídico les da la razón en muchas de las alegaciones que en su día presentaron al proyecto y no fueron atendidas, por lo que piden a Bravo que rehaga su propuesta. Entre otras cuestiones, solicitan una regulación más flexible que permita que el funcionariado pueda trabajar al menos cuatro días a la semana (el decreto sólo permite tres día) y que no queden excluidos los puestos de nivel 30, es decir, quienes se encuentran en la cúpula funcionarial.
Tal como informó la semana pasada este diario, las cuatro conselleries mantuvieron un encuentro para analizar la repercusión del informe de la Abogacía, una cita en la que todo apunta se fraguó el escrito conjunto.
La carta supone tensar la cuerda con la conselleria de Bravo ya que desde el punto de vista del procedimiento, las conselleries ya han tenido su momento para opinar, es decir, en la fase de alegaciones. Cabe apuntar que la consellera dejó entrever que el informe del letrado de la Generalitat tenía mucho contenido político y este jueves la Dirección General de Función Pública ya avisó a los sindicatos (que también abogan por revisar el texto) que el decreto iría al Jurídic si cambios sustanciales por decisión de Bravo. El escrito de Compromís no tiene el por qué cambiar los planes de Bravo, si bien es cierto que puede interpretarse como una especie de aviso a navegantes ya que cuando el expediente esté completo, tendrá que volver a pasar por el Consell, donde debe votarse.
En la carta, las conselleries aseguran que la pandemia ha demostrado que la productividad se ha incrementado gracias al teletrabajo y apuntan que hay que aprovechar la experiencia adquirida y "debe prevalecer la visión de futuro y decisiones políticas antes que meros cambios técnicos de mejora de la normativa". Entre otras cuestiones, apuntan que la negativa a incorporar a los niveles 30 de teletrabajo va en contra "de la evidencia empírica" y de la "tozuda realidad".
