«Nos piden que nos quedemos en casa, pero cada día desahucian a 25 familias en la Comunitat Valenciana en pandemia, a 160 en toda España. ¿Y ellas? ¿En qué casa se quedan?». Representantes del Pla de Xoc Social al País Valencià presentaron ayer en Delegación del Gobierno una carta dirigida al presidente Pedro Sánchez, con dos objetivos: que se publique ya un decreto que paralice los desalojos en pandemia y que se elimine la posibilidad de indemnizar por ello a los grandes tenedores de vivienda del país (banca, fondos buitres y fondos de inversión), que no al pequeño propietario que «sí debe recibir una compensación».
Las cifras son demoledoras y solo reflejan los 9 meses que han pasado desde que se decretara el estado de alarma. Así, desde Pla de Xoc Social al País Valencià aseguran que «desde marzo ha habido 1.777 desahucios por impago del alquiler (63,78 %), 946 por impago de hipotecas y 63 por ocupación. Todos ellos en pandemia».
«Necesitamos un decreto que proteja a todas las familias. La crisis económica de la covid se ha agravado y no remitirá hasta que se acabe el estado de alarma. Muchas son las familias que no puedan afrontar los alquileres o las hipotecas y la respuesta en pandemia es tirarlos a la calle, aunque existan estudios (como el de diversas universidades estadounidenses) que afirman que los desahucios provocaron más de 400.000 contagios y 10.000 muertes adicionales en USA», afirman desde la entidad.
Los colectivos que trabajan con personas vulnerables insisten. Desde el Pla de Xoc Social al País Valencià ya presentaron un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 29 de junio.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) arrancó en el Congreso de los Diputados un compromiso firmado por suficientes grupos políticos para que el decreto que pare los desahucios tuviera mayoría absoluta en el caso de que el Gobierno lo promulgara. Pero se retrasa, no llega.
Y los desahucios siguen «aunque el Gobierno haya encontrado mayoría suficiente para paralizar todos los desalojos hasta al menos 2022 o hasta la entrada en vigor de una ley de vivienda que responda a las demandas de la PAH porque la emergencia habitacional es una realidad».
Compensar los impagos
¿Qué ocurre? ¿Por qué se retrasa el decreto? La respuesta es clara e indigna a los colectivos sociales: la banca y los fondos de inversión quieren compensación por los meses de impago. «Parece que sectores del Gobierno pretenden condicionar el derecho a la vivienda con el beneficio de bancos y fondos de inversión ya que se está planteando abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda cantidades equivalentes a los alquileres de mercado derivados de la paralización de los desahucios en lugar de hacerlos corresponsables solidarios al ser la vivienda un bien social y de primera necesidad».
Por eso, para el Pla de Xoc Social al País Valencià es «vergonzoso» que el Gobierno «pueda ceder ante las presiones del capital especulativo que, aprovechándose de la situación de emergencia habitacional, está intentando un nuevo rescate al sector inmobiliario. Hablamos de situaciones graves de vulnerabilidad y no de sostener los beneficios de las cuentas de resultados de los grandes tenedores de vivienda que continúan obteniendo millones de beneficios en este año de pandemia».
Desde el colectivo apoyan una compensación económica al pequeño propietario «que representa un porcentaje muy bajo». Sin embargo, se niegan a que el dinero público «compense a fondos buitre que ni tan siquiera pagan impuestos en España porque están en paraísos fiscales. Ya rescatamos a la banca y no devolvieron los 65 millones de euros ni ponen sus viviendas vacías en alquiler social».
