El alumnado de las universidades privadas podrá acceder a las becas que convoque la Generalitat en igualdad de condiciones que los de la pública. Esto es lo que marca el Tribunal Constitucional (TC), que ha estimado un recurso presentado por la Universidad Católica de València, sobre la orden del Consell que, en 2017 limitó estas ayudas al alumnado de las instituciones públicas. Aquellos de la privada solo pueden obtener ayudas en el caso de que cursen algún estudio que no se oferte en las cinco universidades públicas valencianas, como el grado de Veterinaria.

A la espera de que se notifique el fallo y con prudencia, José Manuel Pagán, rector de la UCV, afirmó ayer que la decisión del TC —que marcará jurisprudencia—, supondrá «un antes y un después». «La sentencia es una buena noticia para nuestra universidad, el sistema universitario valenciano y todas las universidades de España; es un motivo de alegría para nuestros alumnos, que serán los beneficiarios junto a sus familias», considera Pagán.

Y es que, como explicó el rector, la posición de la universidad cuyo gran canciller es el cardenal arzobispo Antonio Cañizares es que «no puede haber discriminación en el acceso a las becas» que, según manifestó, «deben regirse por el mérito académico y la situación económica familiar». «Que se influyera en la libre elección del alumno vulnera la Constitución», defendió Pagán, que también apuntó que la Católica recurrió la orden de 2017 del Consell porque ni la ley estatal de Universidades ni la autonómica incluyen restricciones en las ayudas; se vulneraba la igualdad y, además, también contradice el acuerdo vigente de España con la Santa Sede.

En relación a la enseñanza privada y concertada, los tribunales han ido tumbando varias de las medidas que el Consell puso en marcha en la primera legislatura del Botànic. Una de ellas es la limitación de las prácticas universitarias en hospitales públicos para alumnado de titulaciones de Ciencias de la Salud de las universidades privadas, así como la reducción de las unidades de Bachillerato y FP (enseñanzas no obligatorias) que los colegios concertados han ido recuperando a golpe de sentencia, después de recursos interpuestos por la federación Escuelas Católicas (Escacv).

Cambios para 2021-22

Desde la Universitat Católica de València esperan que la próxima convocatoria de ayudas autonómicas, ya para 2021-22, no discrimine al estudiantado de las instituciones privadas y el Consell vuelva a hablar de «sistema universitario valenciano», sin diferencias. Matizan, además, que la situación económica de su alumnado no es la que se puede pensar», pues de 10.000 estudiantes, 2.100 obtuvieron una ayuda del ministerio en 2109-20 que este curso han solicitado 4.000.

Desde la Conselleria de Universidades —con quienes Pagán dice que tienen una relación «fluida»— afirman que, aunque la sentencia ayer no había sido notificada—, «acatan la resolución judicial», por lo que deberán modificar la convocatoria para el próximo curso.

Por su parte, Fran Ferri, el síndic de Compromís en las Corts,criticó que el fallo del TC sobre las becas autonómicas —que tendrá tres votos particulares contrarios— «va en la línea del desmantelamiento del sistema público de educación» y «rompe el principio de mérito y capacidad». Cabe recordar que la orden se modificó cuando las competencias del Consell en materia de universidades dependían de la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà; y ahora a la de Innovación, de órbita socialista y dirigida por Carolina Pascual.

Carpetazo del Supremo sobre los conciertos postobligatorios

El Tribunal Supremo anunció ayer en una providencia que inadmite los recursos del Consell que quedan sobre los conciertos de Bachillerato y FP, cuya renovación obligatoria eliminaba un decreto de 2017 al ser niveles postobligatorios y que Escuelas Católicas denunció. El Supremo dice que en las sentencias de octubre (de dos centros en concreto) ya se pronunció y creó doctrina, por lo que no responderá al resto de casos que quedan. Así, reitera que los conciertos sí pueden renovarse, según la norma estatal de 1985. levante-emv valència