El amago de paroxismo cultural mediático a la usanza valenciana en plena segunda ola pandémica, que con motivo de la demolición quirúrgica de la panda norte del edificio protegido (BRL) de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos del arquitecto F. Moreno Barberá, ha pretendido capitanear pro domo sua la última ex consellera popular de Cultura (2012-2015) María José Català de inefable recuerdo, con el endeble argumento según el cual «el gobierno local ha utilizado un subterfugio legal para autorizar el derribo de las naves al no tener el Ayuntamiento un plan urbanístico que las proteja», revela al fin y a la postre la imposible atribución de autoría de dicha nave anexa al mismo artífice.

En este sentido, más allá de los juicios de valor insinuados de supuesta precipitación o de procedimiento administrativo inusual sostenidas por el decano de alarifes Luis Sendra y el artículo de opinión de general reivindicación de la arquitectura del pasado siglo XX «Dónde está el futuro de la arquitectura valenciana del Movimiento Moderno» de Maite Palomares e Iván Cabrera, con la vitola del Colegio de Arquitectos de Valencia, cabe recordar como la modernidad de este estilo se inició en nuestra histórica ciudad ya en los años 30 al albur de la proclamación de la II República, con la consiguiente conversión doctrinal a los nuevos contenidos sociales requeridos por la misma, de la mano de creadores como Luis Albert, Gutiérrez Soto, Cayetano Borso di Carminati, Javier Goërlich o Rieta y en tal sentido esta corriente estética de vanguardia fue objeto en 1998 de un meritorio reconocimiento público en la muestra «Arquitectura racionalista en Valencia. La ciudad moderna», celebrada en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), comisariada por Tito Llopis y Juan Lagardera. Evento cultural glosado intelectualmente en estas mismas páginas por Tomàs Llorens en el suplemento Posdata «Para una comprensión de la arquitectura racionalista» (Levante-EMV, 16-01-1998).

Sin olvidar la previa exposición de 1986 «Arquitectura en Valencia durante la II República», organizada por la entonces Delegación Municipal de Cultura de Vicent Garcés y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana en su Delegación de Valencia, bajo el sello «50 anys (1936-1986). València, capital de la República», con ilustrativos textos de Carles Dolç, Just Ramírez, F. Taberner, Manuel Portaceli o José María Herrera.

Dicho lo cual, en lo relativo a la futura y al tiempo paradójicamente hoy olvidada nueva Ley del Patrimonio del Patrimonio Cultural y Museos (Levante-EMV, 4-12-2017), cuya llegada prometida literalmente para 2018 en la Mesa de la Cultura por la Directora General del ramo Carmen Amoraga, una vez finalizada su fase de exposición pública y reclamada por última vez antes de la pandemia de la covid-19 por el Consell Valencià de Cultura (CVC) el pasado 24 de febrero de 2020, bien podría tener acomodo en ella una propuesta jurídica de proteccion patrimonial genérica para las obras maestras arquitectónicas del Movimiento Moderno, como las ya existentes en la obsoleta Ley 4/98 y sus ulteriores modificaciones de salvaguarda legislativa en calidad de Bienes de Interés Cultural (BIC) de las construcciones castrales valencianas, las cuevas y abrigos con manifestaciones de arte rupestre o los escudos heráldicos y cruces de término de la Comunitat Valenciana de más de cien años de antigüedad (Ley 9/2017).

Por todo lo cual y a modo de corolario final, puede colegirse una cierta impostación de este fallido motín de alborotadores periodístico-radiofónicos, de ribetes pretentidamente culturalistas, en torno a la supresión de la crujía paralela a la calle Menéndez Pelayo de las mencionadas Escuelas Universitaria de Técnicos Agrícolas y Técnica Superior de Agrónomos, en tanto en cuanto algunos de los que ahora se postulan como vigilantes custodios del patrimonio contemporáneo, guardaron un sonoro silencio durante la demolición sin piedad apenas en el 2015 del notable edificio funcionalista conocido como Ayuntamiento Nuevo de la avenida de Aragón, obra relevante de Vicente González Móstoles y Rafael Rivera, el derribo algunos años antes del imponente inmueble de la Jefatura del Sector Aéreo de Valencia o ante las peticiones del desaparecido abogado popular J. Marco Molines de reversión a cota cero mediante piqueta de la excepcional obra moderna del Teatro Romano de Sagunt rehabilitado por G. Grassi y M. Portaceli.