La Diputación de València ha tenido que levantar en el último año los reparos manifestados por la Intervención sobre el pago de 3,72 millones de euros en facturas del servicio de teleasistencia tras caducar el contrato en vigor en 2019. El Partido Popuar ha censurado el prolongado retraso en la tramitación de la nueva licitación.

Desde el ejecutivo provincial atribuyen la demora a una serie de problemas en materia de personal y a los cambios sustanciales que va a experimentar el servicio en el nuevo contrato, que se quiere sacar a concurso en un plazo máximo de dos meses con un presupuesto de 3,3 millones. La diputación quiere introducirse un concepto innovador y más completo de teleasistencia avanzada que incluya la medicalización a domicilio, un salto cualitativo que, según las fuentes consultadas, requiere de nuevos filtros de supervisión que han dilatado el proceso. La nueva licitación está redactándose ya por la vía de urgencia. Las mismas fuentes defienden que el servicio orientado a ayudar a las personas mayores se ha reforzado durante la pandemia y no se ha visto afectado negativamente por las sucesivas prórrogas, indispensables para seguir cubriéndolo.

La última comisión informativa de Bienestar Social acordó hace unos días levantar los reparos que pesaban sobre seis recibos de entre 233.000 y 241.470 euros facturados por la empresa Servicios de Teleasistencia, SA correspondientes al último semestre de 2020, por un volumen global de 1,42 millones de euros. La corporación provincial ya se ha acogido a esta operación para dar vía libre al pago de facturas hasta en tres ocasiones desde el 10 de diciembre de 2019: entonces se levantaron los reparos sobre una relación de 1,23 millones en recibos de la teleasistencia de los seis meses precedentes, mientras que el 10 de julio se hizo lo propio con otros 1,17 millones pendientes.

El PP ha puesto el foco en la «inseguridad jurídica» que a su juicio supone la prolongada ausencia de contrato en un servicio «fundamental» que triplicó su actividad durante el confinamiento y que atiende a más de 18.000 usuarios. El diputado Modesto Martínez considera que el uso recurrente del levantamiento de reparos «no es lo más ético ni estético» y cuestiona la tardanza en regularizar el servicio. «La primera vez que se levantaron los reparos podía entenderse, incluso la segunda, debido a la pandemia. Pero la tercera da qué pensar sobre una dejación de funciones», opina Martínez. Desde el ejecutivo provincial rechazan las acusaciones y defienden el procedimiento empleado.