Uno de los testigos VIP citados ayer en el caso Erial confirmó ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción el presunto pelotazo que dio el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en La Finca, la urbanización de lujo de Pozuelo conocida por albergar todo tipo de famosos. Una operación que se hizo a través de los dos supuestos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau, según ratificó ayer en sede judicial el arquitecto Joaquín Torres, conocido como el arquitecto de los famosos, que ratificó por videconferencia la declaración realizada ante los agentes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Una operación meramente especulativa que se inició gracias a que el periodista Luis Herrero presentó al entonces ministro de Trabajo Eduardo Zaplana al promotor, ya fallecido, Luis García Cereceda, impulsor de la urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón. Una presentación que se produjo en el despacho de ministro de Zaplana, según admitió en su declaración de ayer Herrero. El periodista también reconoció que es amigo del expresidente de la Generalitat desde hace más de veinte años. Y que incluso le avisó cuando la Guardia Civil contactó con él para que compareciera como testigo en la investigación.

A partir de este primer contacto y ya con Zaplana como portavoz del PP en el Congreso es cuando se inicia la operación especulativa que le permitió ganar tres millones de euros. Joaquín Torres contactó con los dos supuestos testaferros de Zaplana, según su declaración, ya que Cereceda le pidió que «no emitiera facturas a nombre de Zaplana».

Joaquín Barceló transfirió a través de una de sus empresas tres pagos (192.924 euros el 4 de abril de 2005, 3269.563 euros el 4 de enero de 2006 y otros 340.285 euros el 4 de enero de 2007) a la urbanizadora Somosaguas (propiedad de Cereceda) para adquirir una parcela. Apenas cuatro meses después, el 23 de mayo de 2007, Urbanizadora Somosaguas «adquirió nuevamente los derechos sobre la parcela urbana y la casa unifamiliar» en La Finca a la empresa de Barceló, Costera del Glorio, «por un importe notablemente superior: 4,3 millones de euros».

Ayer también declaró un representante de la inmobiliaria Enger & Volkers quien no pudo explicar los detalles del alquiler del piso por 3.500 euros que la familia Zaplana contrató con un ciudadano búlgaro investigado por fraude fiscal y blanqueo.