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Los comercios venderán un mínimo de envases retornables según su superficie

En 2023 un 10 % de recipientes han de poder reintroducirse en el mercado tal como recoge la futura Ley de Economía Circular

Los comercios venderán un mínimo de envases retornables según su superficie

El 31 de diciembre de 2023 un 10 % de los envases de bebidas, como mínimo, tendrán que ser reutilizables. Dos años después, la cifra deberá subir al 20 %. Para ello, las superficies comerciales tendrán que ofrecer en sus puntos de venta hasta siete productos con unas características que permitan su reintroducción en el mercado. En las tiendas de menos de 120 m2 al menos habrá a la venta una marca, que subirá a tres en las de menos de 400 m2, a cuatro hasta los de 1.000 m2 y a siete para los grandes establecimientos con 2.500 m2 o más. Así lo contempla la proposición de Ley para la Prevención de Residuos, Transición Ecológica y Fomento de la Economía Circular de la Comunitat Valenciana.

El borrador de la normativa, al que ha tenido acceso Levante-EMV, señala que el servicio de retorno se ha de prestar al menos a través de una de las puertas de acceso al establecimiento. La Generalitat, además, solicitará a los envasadores las cantidades vendidas a nivel nacional y las estimaciones a nivel autonómico de la comercialización de este tipo de envases.

Un segundo uso

En el caso de que se retorne un envase reutilizable sin comprar uno nuevo de entre las referencias de venta en el establecimiento comercial, el vendedor estará obligado al retorno del importe económico de la fianza de depósito prevista en la normativa estatal, o en la que la sustituya. Aunque la ley la impulsan PSPV, Compromís y Podem en las Corts, desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica se viene insistiendo en las últimas semanas en que uno de los grandes objetivos es avanzar en la reutilización. Algo que sí se cumple en el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca).

Para los agentes económicos que inicien la implantación del nuevo modelo de venta, en un plazo máximo de nueve meses de la entrada en vigor de la ley, las ayudas podrán ser hasta del 100 % de la inversión necesaria para la adecuación de los establecimientos comerciales o los aparcamientos. El que lo haga con posterioridad a ese tiempo, percibirá hasta un 50 % de subvenciones.

Dos céntimos por envase

Sistema bien distinto será el del retorno de envases de un solo uso, obligatorio antes del 1 de enero de 2022 y que contempla un incentivo económico de dos céntimos por desecho. Dinero que se descontará en las tasas municipales o que se podrá canjear por puntos «verdes». La Comunitat Valenciana debería tener como mínimo unas 3.000 máquinas automáticas antes de 2023. Los responsables de su implantación serán los productores, envasadores, agentes económicos y comercializadores de bebidas, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor o los sistemas integrados de gestión de envases y residuos ligeros.

El texto normativo también da cobertura legal a lo previsto en el Plan Integral de Residuos Autonómicos sobre la obligatoriedad de disponer de un servicio local de educación ambiental. Además, antes del 1 de enero de 2022 la conselleria competente tendrá que destinar una linea presupuestaria específica anualmente para contribuir a su financiación. Las diputaciones tendrán también que colaborar económicamente con municipios y mancomunidades.

La Generalitat tendrá que promover la instalación y mantenimiento operativo de fuentes públicas y gratuitas de agua potable en los edificios dependientes del sector público, promoviendo el suministro de vasos reutilizables o garantizando que son de papel reciclable y compostable.

La medida se hará extensible en los espacios públicos abiertos. Los actos y eventos organizados o patrocinados por las distintas administraciones, incluidos los deportivos, han de garantizar que se implanta un sistema de fianza para la recogida de envases y vasos para evitar su abandono en la vía pública.

En los establecimientos de hostelería, restauración y catering, los consumidores, clientes o usuarios han de tener a su disposición la posibilidad de consumir agua potable del grifo de manera gratuita. Desaparece, por tanto, el concepto de obligatoriedad. Algo que sí recogía la proposición de ley impulsada por Podem y que ya encalló en este punto por las objeciones de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Eso sí, los clientes han de poder llevarse a casa en envases los restos no consumidos.

En cuanto a las sanciones, oscilan entre los 900 euros para las leves, hasta los 45.000 para las graves y 1,7 millones para las muy graves.

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