La Inspección General de Servicios de la Generalitat ultima un plan para implantar el modelo de evaluación del desempeño para el personal funcionario de la administración autonómica, un sistema que, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, vinculará el plus retributivo de la carrera profesional que cobra la plantilla a la consecución de objetivos y la profesionalidad en el puesto de trabajo.
En realidad, tal como en su día contó este diario, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, encargó este plan al órgano de control interno la pasada legislatura, pero el proyecto ha empezado ya a tomar en este nuevo mandato. Bravo se ha pronunciado en más de una ocasión a favor de introducir una formula de estímulos que mejore el trabajo funcionarial que incluya un examen a sus tareas y la vía escogida es la evaluación del desempeño, un concepto introducido en realidad en 2014, es decir, en la etapa popular, pero sin desarrollar.
Así lo refleja un reciente informe de la Inspección General de Servicios en el que recoge ya con cierto detalle la hoja de ruta planificada para poder examinar al funcionariado de la Generalitat y que arrancará con un proyecto piloto. En este informe, la inspección desgrana cómo será su actuación (prevista además en el plan 2020-2022) al tiempo que hace un diagnóstico sobre la situación actual. Así, el órgano de control interno admite que el modelo de evaluación del desempeño vinculado a la carrera profesional horizontal introducido en 2014 «está pendiente de desarrollo y aplicación práctica respecto a la valoración de las áreas de cumplimiento de objetivos, profesionalidad en el ejercicio de las tareas asignadas e iniciativa y contribución par la mejora de la prestación del servicio público».
Esto supone que el personal cobra la carrera profesional sin que se tenga en cuenta como ha desempeñado su trabajo. A «grosso modo» son tres los componentes que permiten reforzar la nómina a través de la carrera profesional: la antigüedad, la formación y el cumplimiento de objetivos; es decir, el rendimiento y la profesionalidad en el puesto de trabajo. Este último lleva ignorándose cinco años.
Y es que el asunto es controvertido. La conselleria es consciente de que empezar a evaluar con objetivos concretos el trabajo del personal va a despertar reticencias dentro del colectivo, ya acostumbrado al refuerzo de la nómina prácticamente por incrementar sus años de trabajo, es decir, de forma automática. Además, quién, qué y cómo se evalúa es problemático. En su informe, la inspección reconoce estas dificultades, no sólo en la Generalitat Valenciana, si no también en otras administraciones, pese a estar prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público 2007».
«Las dificultades se han puesto de manifiesto al analizar las experiencias en otras administraciones, de las que se desprende la conveniencia de establecer una planificación a largo plazo e implantar progresivamente el sistema», apunta.
Un diseño específico
La inspección apuesta por un diseño específico que analice el funcionamiento de las distintas unidades y los recursos disponibles y por pruebas piloto que permitan testear el sistema. Entre las medidas, plantea crear una unidad administrativa especializada con el objeto de organizar el sistema de evaluación e integrada por un grupo de trabajo estable dedicado en exclusiva a este cometido.
Apuesta, además, por elaborar una metodología para definir e implantar una gestión por objetivos medibles a través de una serie de indicadores. La hoja de ruta incluye la aprobación de un mapa de puestos de trabajo, complementario a las relaciones de puestos de trabajo, en el que se identifiquen las funciones concretas de los puestos, se singularicen las competencias y se señalen las necesidades formativas de las personas que los ocupa.
