La Comunitat Valenciana tendrá un Centro de Investigación sobre el Residuo Cero en el plazo más o menos de un año. Tendrá como objetivo el análisis, visibilización, difusión y reducción de las distintas fracciones de basura, con los diversos procesos de clasificación y reciclaje. Así lo establece la proposición no de ley de Prevención de Residuos, Transición Ecológica y Fomento de la Economía Circular que ayer presentaron PSPV, Compromís y Unides Podem, un día antes de que finalice 2020. Un texto normativo en la línea del ya aprobado en Baleares o en Navarra, pero que se adelanta a la ley estatal.
El objetivo, tal como se remarca en el capítulo uno, es trabajar junto a universidades, sector empresarial e institutos tecnológicos en la innovación para el fomento de la reutilización. «El cambio es necesario para transformar residuos en recursos» y así «continuar ganando tiempo que el planeta no tiene», según coincidían el socialista Paco Gil, Graciela Ferrer de Compromís y Beatriu Gascó de Unides Podem. Los diputados de los tres grupos que sustentan al Botànic.
Como se recordará, la presentación del borrador de la ley se canceló hace unas semanas «por un problema de coordinación» entre las Corts y el Consell, por el desconocimiento de la conselleria de Hacienda y la de Economía. Y se anuncia ahora «de forma excepcional» para agilizar la tramitación parlamentaria al no ser presentada como es habitualmente por el gobierno.
Entre las medidas destaca que se servirá gratuitamente agua potable del grifo en hoteles, restaurantes y cafeterías, siempre que lo pida el cliente, pero no de forma obligatoria. Además, los edificios de la Administración pública deberán instalar fuentes de agua conectadas a la red de suministro para fomentar el consumo de agua del grifo.
Como ya publicó Levante-EMV al 31 de diciembre de 2023, un 10 % de los envases de bebidas, como mínimo, tendrán que ser reutilizables. Dos años después, la cifra deberá subir al 20 %. Para ello, las superficies comerciales tendrán que ofrecer en sus puntos de venta hasta siete productos con unas características que permitan su reintroducción en el mercado. En las tiendas de menos de 120 m 2 al menos habrá a la venta una marca, que subirá a tres en las de menos de 400 m 2, a cuatro hasta los de 1.000 m2 y a siete para los establecimientos con 2.500 m 2 o más.
También contempla el sistema de devolución y retorno de envases SDR con incentivo económico obligatorio al menos para botellas de plástico de menos de tres litros y la introducción voluntaria del sistema de devolución, depósito y retorno de envases (SDDR).
Y apuesta por mejorar «drásticamente» la recogida selectiva de la materia orgánica para elaborar un compost de calidad que sea devuelto a la tierra. Incluye así la recogida selectiva de biorresiduos obligatoria para todos los municipios, mediante la combinación de sistemas como el puerta a puerta, contenedores informatizados o recogida itinerante. La intención es cumplir con los plazos marcados por las directivas europeas y que los ayuntamientos dispongan de un servicio consolidado de esta recogida en 2023 para evitar sanciones.
Con seguridad jurídica
«Es una ley oportuna y cuenta con toda la seguridad, como ha remarcado el Tribunal Constitucional. No vamos a hacer ningún tipo de experimento», seg´ún el diputado del PSPV. «La crisis de la covid-19 nos ha enseñado, dolorosamente, la vulnerabilidad de nuestras vidas ante un organismo al borde de la vida», según Ferrer y abrirá «un nicho» para el empleo verde. Los grupos del Botànic han solicitado el dictamen del Consell Jurídic Consultiu y el Comité Económico y Social para sumar aportaciones, tras lo que se abrirá a exposición pública.
