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El "desequilibrio" de la Generalitat se agrava y el déficit se dispara

El Consell pagó fuera de contrato 1.443 millones y contrajo gastos por 945 millones sin cobertura presupuestaria, la mayoría sanitarios

El «desequilibrio» de la Generalitat se agrava 
y el déficit se dispara

El «desequilibrio» de la Generalitat se agrava y el déficit se dispara

La Sindicatura de Comptes concluye su auditoría con una opinión favorable sobre las cuentas de 2019 y sin haber encontrado actuaciones de las que se derive responsabilidad contable. Ahora bien, los principales indicadores y magnitudes del ejercicio fiscalizado son poco halagüeños: tanto los relativos a la situación patrimonial, como los que tienen que ver con el resultado presupuestario y, en especial, con la gestión de los gastos. Y es que, al igual que ejercicios anteriores, pero está vez de forma más agravada, las cuentas muestran «un grave desequilibrio patrimonial» con un patrimonio neto negativo de 34.814 millones de euros. Un agujero que crece respecto a 2018 en 4.688 millones. La situación es de quiebra técnica ya que el pasivo real que arrastraba la Administración al finalizar ese ejercicio (la suma de lo que debe) superaba su activo (el valor de sus bienes y derechos).

La cifra es consecuencia de la acumulación de resultados negativo de ejercicios anteriores ( 35.455 millones) y el de 2019 (-2.225,7 millones) y que absorben la cifra del patrimonio aportado y valorado en 2.867 millones. La Sindicatura apunta que las pérdidas acumuladas son consecuencia de la insuficiencia de recursos, es decir, la infrafinanciación, que debe cubrirse con deuda. Y es que la deuda financiera es otra de las magnitudes alarmantes: 49.784 millones, de los que 40.764 corresponden a créditos con el Estado. Son 2.750 millones más de deuda respecto a 2018 que agrandan la mochila que arrastra el Consell.

En su informe, la Sindicatura subraya que ese año el déficit se disparó al crecer 34,7% respecto a 2018 y subraya que se observa una «evolución positiva de la reducción del déficit hasta el ejercicio de 2017, que cambia la tendencia a partir de 2018». La explicación es sencilla: las obligaciones de gasto reconocidas a lo largo del año auditado fueron mayores que los ingresos. El resultado presupuestario ofrece un desfase de 2.599 millones de euros. La Sindicatura destaca que en el año electoral el gasto real se disparó un 8,4%. El punto de inflexión de la contención fue en 2016, último año en el que hubo una disminución del gasto real. A partir de ese año se han encadenado aumentos. En términos absolutos, el crecimiento del gasto en 2019 supuso 1.302 millones de euros más.

La Conselleria de Hacienda se apresuró ayer a matizar que este incremento es inevitable porque el objetivo del Consell es un gasto total por habitante igual al de la media de las comunidades y ello para que la ciudadanía cuente con los mismos servicios públicos esenciales.

Hacienda insistió en que esto pasa necesariamente por el incremento del déficit ya que por la vía de los ingresos se sigue recibiendo por debajo de lo que «corresponde por el mal funcionamiento del sistema de financiación». La conselleria añadió que en la actualidad el nivel de gasto se sitúa en torno al 97% respecto de la media de España.

Con todo, ese año, previo a la crisis, el Consell aún disfrutó de una evolución positiva de los ingresos y ello pese a no contar todavía con un nuevo sistema de financiación. El incremento de los derechos reconocidos fue de un 4,5%.

La partida de los 1.325 millones

Como en años anteriores, la Sindicatura se hace eco de la falta de un sistema de financiación adecuado que garantice la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad y equidad ante los territorios y se muestra más comprensiva con la sistemática inclusión en el capítulo de ingreso de la partida de la infrafinanciación por valor de 1.325 millones, los que el PP ha bautizado como ingresos «ficticios». Así, aunque insiste en que incluya en sus presupuestos iniciales las transferencias que «de manera razonable espera obtener», admite las dificultades de la Generalitat para un tratamiento ortodoxo de la previsión de ingresos dada la falta de financiación.

Más contundente se muestra la Sindicatura respecto a los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria, las llamadas facturas en los cajones, sobre todo sanitarias, que ascendieron ese año a 945 millones de euros y que vulneran lo que dispone la normativa.

Además, y como ya ocurrió el año pasado, el órgano fiscalizador denuncia los pagos fuera de contrato consecuencia de los expedientes por enriquecimiento injusto y que se elevan a 1.443 millones de euros, una cifra muy similar a la registrada en el ejercicio de 2018, año en que comenzó a abusarse de una figura que permite a la Consell la continuidad de las prestaciones sociales pero que situándolo al borde de la legalidad.

La Conselleria de Sanidad es la que mueve más dinero por este sistema, 1.301 millones de euros correspondientes a nueve expedientes, pero es Igualdad la que más recurre a la figura del enriquecimiento injusto: en 2019 lo usó en 102 ocasiones por un importe global de 106 millones.

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