La crónica social de este 2020 implica pobreza en perfiles nunca vistos. La desigualdad crece a pasos agigantados en una pobreza cronificada que, además, se hereda y llama a la puerta de los denominados «trabajadores pobres», una clase social que emergió tras la crisis económica de 2008 y no ha conseguido levantar cabeza. Las colas del hambre son más largas que nunca y cuentan con personas que jamás pensaban que iban a estar en esa situación, en la de elegir entre pagar el alquiler o tener algo en la despensa.

Ante esta situación de empobrecimiento social, el Gobierno aprobó tres meses después de que se decretara el Estado de Alarma su medida estrella para paliar las consecuencias de la pandemia: el Ingreso Mínimo Vital (INM) que, además, contó con una amplia mayoría.

Sin embargo, la medida arrancó a medio gas con múltiples problemas en su tramitación y gestión. De hecho, solo alcanza en la actualidad al 14% de las familias que la necesitan. Las entidades sociales lo tienen claro y afirman que si no se potencian políticas sociales valientes y se incrementa la partida para el IMV, la pobreza y la desigualdad en este país crecerán por primera vez en 20 años y España sumará más de un millón de personas vulnerables a la actual cifra que los sitúan en casi diez millones.

Con consenso y sin él

Sin embargo, otras medidas sociales se han adoptado en España a nivel legislativo en plena pandemia, aunque las dos han despertado críticas y no están exentas de polémica. Se trata de la conocida como ley Celaá y la ley de Eutanasia. La primera es el Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Ley Orgánica de Educación), deroga la Lomce o ley Wert (vigente desde 2013) y supone la octava ley educativa en democracia. No consiguió esta ley el consenso deseado al ser aprobada solo un voto más de lo que necesitaba para la mayoría absoluta. Eso sí, el PP, Ciudadanos y Vox ya han anunciado que la derogarán en cuanto puedan al considerar que «se ataca a la libertad» tras contar con el respaldo de la escuela privada y concertada, que ha protagonizado protestas contra la ley.

Al contrario de lo que ocurrió con la ley de educación, la ley de eutanasia, el reconocimiento del derecho a la muerte digna, logró saltar barreras ideológicas, al unir a la izquierda, a Ciudadanos y al PNV. De esta manera, España se convierte en el sexto país del mundo en reconocer este derecho social.