El Síndic de Comptes, Vicent Cucarella, entregó ayer en las Corts el informe que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, las relativas a 2019. Fue el año electoral en el que el Botànic revalidó su victoria y el previo a una pandemia que ha cambiado el mundo y que también ha impactado en los presupuestos de la Generalitat.
Tal será el efecto de la crisis sanitaria en las cuentas autonómicas que la Sindicatura se avanza en este informe para hacer un llamamiento al Botànic para que ponga los pies en el suelo.«El sector público debe ser realista delante de las posibilidades de su prespupuesto incapaz de resolver todos los problemas de carácter público y privado», señala.
El mensaje es de calado sobre todo porque se incluye tras una auditoría que concluye que el Consell gastó en 2019 por encima de sus posibilidades y ello, a pesar de que sigue sin resolver su problema de financiación.
La evolución de los ingresos y los gastos en 2020 preocupa. Entiende que la pandemia ha disparado el gasto en servicios básicos, pero avisa de que la protección social se ha mezclado con ayudas directas que buscan paliar los efectos de la pandemia sobre el conjunto de empresas y trabajadores, «incluido sectores de actividad cuestionable» si se tienen en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible.
En una situación en la que además se «teme» aumentar la presión fiscal, «resulta imposible cuadrar un aumento del gsaot en servicios públicos fundamentales al mismo tiempo que s eexperimienta una reducción de ingresos ayudar con dinero público a trabajadores y sectores privados afectados por la crisis».
Dicho esto, el síndic apela a razones de economía, eficiencia y eficacia y plantea al Consell que defina los gastos públicos imprescindibles y los sectores a quienes se han de priorizar las ayudas. Su criterio es claro: aquellos que respeten la transición social y ecológia, mientras que se evite subvencionar a sectores en «inevitable proceso de obsolescencia».
Contar con reservas
Tras la experiencia de una pandemia, la Sindicatura advierte de que es necesario contar con reservas esenciales en el presupuesto para poder tener capacidad de maniobra y evitar situaciones límite como las ocurridas en esta crisis sanitaria cuando faltó material o escaseó personal especializado. Por eso, apuesta por la producción local de bienes y servicios esenciales para evitar que la Comunitat Valenciana sea vulnerable. Además, destaca la importancia de mantener el control público de los servicios fundamentales para asegurar el suministro y la continuidad de la actividad.
Para la Sindicatura será necesario «cuadrar de nuevo los presupuestos públicos» y esto supone revisar el conjunto de impuestos y establecer cuáles son los servicios prioritarios. Plantea análisis previos de coste-efectividad y evaluación de políticas públicas y que se tenga en cuenta los riesgos relacionados con el cambio climático.
El órgano fiscalizador no obvia que la covid-19 se ha «utilizado como un nuevo pretexto para no iniciar la negociación de un nuevo modelo de financiación» al tiempo que se han relajado las exigencias sobre los límites del endeudamiento.
«Urge más que nunca resolver esta situación», clama. Una financiación inadecuada «condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se adopten medidas de compensación de la infrafinanciación» La pandemia también hace reflexionar a la Sindicaura sobre mantener un sólido sistema de protección ante ciberataques e insta a que se doete de recursos humanos y materiales.
Ve urgente la replanificación de recursos sanitarios y advierte de la alta temporalidad
El órgano fiscalizador de las cuentas públicas llama a la Conselleria de Sanidad a acometer de forma urgente una planificación estratégica de los recursos humanos de que disponen las instituciones sanitarias. Añade que la actual situación de emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de esa planificación. El Síndic de Comptes advierte de la elevada temporalidad del personal estatutario del departamento que dirige Ana Barceló y concreta que en el año fiscalizado, el de 2019, esa temporalidad representaba el 61 %, Además, advierte de que esa temporalidad ha aumentado en más de 20 puntos en apenas siete años, en el período 2012-2019. Aunque las últimas ofertas públicas de empleo han venido a paliar esta situación. Además, el síndic detecta que la fiscalización de la reversión del departamento de la Ribera resulta insuficiente, porque en el acta de la reversión entre la conselleria y Ribera Salud no consta un detalle valorado de cada uno de los elementos del departamento. La Intervención no ha fiscalizado el proceso. También en el ámbito sanitario, el síndic avisa de que al cierre de 2019 existían 37 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o en trámite y se desconocen los importes definitivos
