La Sindicatura de Comptes ha vuelto a detectar «incumplimientos significativos de la normativa» en las adjudicaciones de la Generalitat correspondientes al servicio de aviones destinados a la extinción de incendios forestales. La última radiografía anual del organismo fiscalizador señala la infracción de hasta ocho disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público y pone la lupa sobre dos expedientes por importe de 9,5 millones de euros que fueron formalizados en 2019 con dos de las compañías investigadas por la Audiencia Nacional en el marco del conocido como «cártel del fuego», que opera a escala internacional supuestamente pactando precios e influyendo en el valor final de los concursos.
La UTE formada por Martínez Ridao Aviación y Pegasus ha encadenado año tras año la adjudicación de los aviones antiincendios desde que en 2017 la mercantil Avialsa abandonó la prestación en la C. Valenciana tras su vinculación con el caso de presuntos amaños a cambio de regalos que salpicó al exconseller Serafín Castellano. Las actuales contratistas del Consell han sido recientemente acusadas de prácticas anticompetivas por la Fiscalía de Chile y se enfrentan a multas de 5,6 millones de dólares en aquel país.
El 15 de mayo de 2019, la Agencia Valenciana de Seguridad recurrió a un procedimiento de emergencia para prorrogar el servicio que estaban prestando Martínez Ridao y Pegasus ante la caducidad del contrato anterior. Sin embargo, tras revisar el expediente, el Síndic concluye que las necesidades que motivaron la contratación de emergencia (por 3,6 millones y una duración de 5 meses) no obedecieron en realidad a causas excepcionales previstas para este tipo de procedimientos, sino a retrasos en la tramitación del nuevo contrato anual que se estaba gestando y que la misma UTE acabaría ganando en octubre de ese mismo año en un concurso abierto al que no se presentó ninguna otra aspirante, como es habitual con el cártel del fuego.
El informe de fiscalización observa que la adjudicataria «no poseía las condiciones de capacidad» para suscribir el citado contrato de emergencia porque su vigencia «se encontraba vinculada a la vigencia del contrato anterior, ya finalizado». Además, no se justificó que la UTE quedara eximidade la obligación de constituir una garantía definitivaba. En el expediente tampoco constaba la designación del responsable del contrato -prevista en la ley- ni se acreditaba la liquidación del mismo.
En la posterior adjudicación del servicio por la vía ordinaria, el Síndic también pone el foco en la omisión de varios trámites. La nueva contratación se formalizó por 5,9 millones y un periodo de un año a las mismas empresas, pero no se dio publicidad a la memoria justificativa, ni a los informes de valoración de las ofertas ni al documento de aprobación del expediente, ni a las actas de la mesa de contratación. Tampoco se informó de la insuficiencia de medios para prestar el servicio por parte de la administración, ni se justificó el procedimiento empleado. En los pliegos, además, se establecía como condición especial de ejecución el cumplimiento de las disposiciones de la normativa laboral en materia de pago de los salarios, un requerimiento no contemplado en la ley. La Conselleria de Justicia no presentó alegaciones al informe de la Sindicatura pese a los incumplimientos reseñados. El Consell ha intentado ampliar la concurrencia de empresas en los concursos de los aviones antiincendios con diferentes medidas, pero ni siquiera dividiendo por lotes los contratos ha conseguido alentar la competencia.
El Síndic ya ha cuestionado 16 millones pagados a la UTE
No es ni mucho menos la primera vez que la Sindicatura de Comptes cuestiona las adjudicaciones de la administración autonómica con empresas del «cártel del fuego». El organismo ha advertido en los últimos años de diversos incumplimientos en la tramitación de los contratos del servicio de aviones antiincendios, a cuyos concursos suele presentarse una única empresa licitadora.
En 2017, la primera vez que la UTE formada por Martínez Ridao y Faasa Aviación (ahora Pegasus) ganó el concurso anual por 5,7 millones de euros sin ninguna competidora, el organismo fiscalizador detectó la infracción de hasta tres artículos de la Ley de Contratos del Sector Público y puso en duda tanto la capacidad de obrar del adjudicatario (en el expediente no constaban las escrituras de constitución de la UTE) como su solvencia económica. La prestación del servicio, además, se inició con anterioridad a la formalización del contrato, una circunstancia que tuvo que ser subsanada por la Generalitat a través de un expediente de enriquecimiento injusto por valor de , millones de euros en favor de las empresas investigadas por la Audiencia Nacional dentro de la red de compañías españolas que habrían operado en diferentes países mediante prácticas supuestamente fraudulentas.
En total, la Sindicatura plasma en su informe incumplimientos relevantes en 22 contratos analizados correspondientes a las consellerias de Hacienda, Justicia, Igualdad, Sanidad, Política Territorial, Emergencia Climática y Educación. En algunos casos, el organismo apela a la falta de publicidad y de competencia en procedimientos por la vía de emergencia, urgencia o negociados sin justificación. En otros, censura la ausencia de trámites indispensables exigidos por la normativa.
