Las empresas concesionarias del modelo Alzira tienen en sus cuentas 148 millones de euros que deberían estar en poder de la Generalitat. Este es al menos el importe al que ascienden las 17 liquidaciones anuales correspondientes a la prestación de servicios sanitarios que han sido calculadas y están pendientes de pago, según se desprende de la última radiografía de las cuentas autonómicas de 2019 elaborada por la Sindicatura de Comptes.
Aunque alguna de esas liquidaciones se remonta al año 2009 por los retrasos acumulados, los balances siguen siendo provisionales a la espera de determinar las cifras definitivas en virtud de los pulsos y reclamaciones que se mantienen con las firmas que gestionan o han gestionado los hospitales de Alzira, Torrevieja, Dénia, Elx-Crevillent y Manises. De hecho, de las 55 revisiones que se arrastran desde 2009, el 67 % siguen inconclusas. Además, la Generalitat todavía tiene pendientes de practicar otras 20 liquidaciones (el 36% del total) aún sin calcular de los últimos 11 años, lo que para el Síndic genera un escenario de incertidumbre porque impide conocer con precisión los efectos de estos saldos sobre las cuentas de la administración. En 2019, la Generalitat solo cerró de forma definitiva una liquidación de las 38 en tramitación.
Reclamaciones y compensaciones
Los datos provisionales sitúan al Departamento de Torrevieja como el único que arroja un saldo favorable para la concesionaria, de modo que ésta debería percibir 5,29 millones de euros por el ajuste entre los anticipos abonados por la conselleria y los servicios realmente ejecutados entre los años 2013 y 2015. A partir de 2016, las revisiones de la citada concesión no están al día.
En el departamento de la Ribera -cuya reversión se materializó en 2018- sin embargo, la Generalitat reclama a la empresa gestora 35,76 millones por las liquidaciones de 2016 y 2017, mientras que Dénia Salud tendría que pagar 65,53 millones de los balances 2014, 2015 y 2016. La concesionaria del hospital de Manises adeuda 23,96 millones por las liquidaciones de 2009 y 2010 y la de Elx-Crevillent acumularía siete saldos pendientes de pago entre 2010 y 2016 por 27,83 millones.
En cualquier caso, si bien en la Ribera solo falta por tramitar el cómputo de 2018, en Manises los números no están al día desde 2011. En Torrevieja (concesión que debería revertirse este año) no se han contabilizado los balances desde 2016 y en Dénia y Elx-Crevillent, desde 2017.
Aunque las liquidaciones son mayoritariamente favorables a la administración, la factura final está condicionada por las pugnas con las concesionarias. En el caso de Dénia, aunque las liquidaciones cerradas practicadas entre 2009 y 2013 arrojaron un balance a favor de la Generalitat de 46,6 millones, en 2019 se aprobó un expediente de enriquecimiento injusto por un importe de 47,7 millones para la empresa en el mismo periodo, por servicios no incluidos en el contrato. El Síndic pone el foco en dicho expediente para señalar que únicamente se acreditó la recepción de conformidad de 15,6 millones del total de la cantidad total indicada. Según el organismo fiscalizador, «la convalidación de estos gastos se ha efectuado sin atenerse a las disposiciones de los artículos 39.5 y 106 de la Ley 1/2015». También en 2019, la mercantil se vio beneficiada de una compensación de créditos por valor de 1,1 millones.
Dudas sobre la reversión
Por otra parte, Ribera Salud llevó a los tribunales cada una de las liquidaciones de este departamento entre 2013 y 2015, si bien finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo transaccional que incluía compensaciones, deudas y pagos pendientes por parte de la Generalitat que redujeron de 73 a 13 millones el importe total definitivo a satisfacer por las concesionaria en dicho periodo.
En Manises, las liquidaciones entre 2009 y 2013 siguen en trámite por las discrepancias con la empresa gestora, que son objeto de litigio. Esta concesión es la que más balances tiene sin resolver: desde 2011 ni siquiera están calculados y ninguna está cerrado de forma definitiva. La estimación global de los saldos pendientes sigue siendo muy precaria, puesto que la Generalitat está estudiando el alcance jurídico y la implicación en las liquidaciones definitivas de una batería de informes, dictámenes y resoluciones judiciales emitidas en los últimos ejercicios.
En su informe, la Sindicatura también alerta de que no se ha podido comprobar que la propuesta del acta definitiva de recepción de los bienes y servicios afectados por la concesión del servicio de asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de la Ribera haya sido aprobada por el órgano competente y fiscalizada por la Intervención, «por lo que no consta que la reversión haya sido realizada de conformidad y a satisfacción de la Administración de la Generalitat», según el organismo.
En 2016, la Conselleria de Sanidad cifró en 260 millonesel cómputo global de las liquidaciones que deberían satisfacer las concesionarias, si bien esta cuantía ha estado sometida a vaivenes. Durante la etapa del PP en el Consell, los departamentos de Dénia, Manises y Elx jnunca efectuaron ninguna liquidación.
La justicia rechazó pagar 241 millones a las adjudicatarias
Durante 2019 y 2020, el Consell se libró de pagar 241 millones de euros a las concesionarias de los hospitales, participadas mayoritariamente por Ribera Salud. Los tribunales han desestimado las reclamaciones formuladas por las empresas en concepto de reequilibrio económico de las concesiones. Las firmas exigían 59,9, millones por el departamento de la Ribera, 93,7 millones por el de Torrevieja y 87,7 millones por el de Elx-Crevillent.
