Son con diferencia las administraciones más saneadas y llevan años encadenando superávits en sus cuentas, pero los ayuntamientos también se han visto fuertemente golpeados por los efectos colaterales de la pandemia. La crisis sanitaria ha dinamitado el guión sobre el que trabajaban y ha supuesto un freno en la recaudación municipal.
Tras cien días de estado de alarma, las corporaciones locales cerraron el tercer trimestre del año con un incremento considerable de las deudas generadas sin cobertura presupuestaria que estaban pendientes de pago a proveedores, las conocidas como facturas en los cajones.
Después de tres años de retrocesos en este capítulo vigilado con lupa por los organismos fiscalizadores, las cuentas de los consistorios valencianos reflejan una subida del 40 % en los pagos pendientes de regularizar entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, el último dato facilitado hace escasos días por el Ministerio de Hacienda.
Esta evolución sitúa en casi 66 millones de euros el saldo que guardan las entidades locales en la cuenta 413, creada por el Ministerio de Hacienda en 2012 para evitar que los alcaldes escondieran en los cajones las obligaciones generadas al margen del presupuesto, una práctica habitual con anterioridad a la crisis económica de 2008 que generó importantes problemas financieros.
También ha crecido el número de ayuntamientos con facturas adeudadas sin consignación presupuestaria: en septiembre de 2019 eran 73; en septiembre de 2020, 94. El aumento fue especialmente sangrante respecto al segundo trimestre del año, puesto que en solo tres meses se generaron gastos no contemplados por valor de 30 millones, un 80 % más.
Las diputaciones provinciales no son ajenas a la tendencia al alza de las facturas en el cajón. Los recibos por regularizar de las corporaciones provinciales se han multiplicado por dos respecto al mismo periodo del año pasado: de los 2,4 millones de euros de 2019 a los 4,8 millones computados al finalizar el tercer trimestre de este año.
Ahora bien, con mucho diferencia respecto al resto, el de Alboraia es el consistorio que acumulaba un mayor volumen de recibos en la cuenta 413, según la información publicada por el Ministerio, con 37 millones de euros a la espera de ser abonados y contabilizados en sus cuentas. Le sigue el de Alfàs del Pi, con 3 millones, y el de Algemesí, con 1,8 millones de euros en el cajón. El Ayuntamiento de València contabilizaba 1,4 millones en deudas sin consignación, aunque la corporación que preside Joan Ribó ha reducido la cuantía de este capítulo en 4,8 millones respecto al tercer trimestre de 2019. Otra treintena de consistorios también han conseguido rebajar el importe, aunque en 62 (más del doble) se ha incrementado. Entre los que experimentan un mayor crecimiento de las facturas en el cajón se encuentran Torrevieja (801.342 euros), El Campello (740.085 euros), Onda (733.201 euros), Santa Pola (625.616 euros) o Almoradí (642.726 euros).
Aún así, son los ayuntamientos de la provincia de Valencia los que acumulan mayores gastos pendientes de regularización presupuestaria, con 45,9 millones de euros. Los de Alicante, por su parte, suman 17,3 millones en la cuenta 413, mientras que los de Castelló tienen deudas con proveedores sin consignar por 2,7 millones de euros. El listado difundido por Hacienda se corresponde con los datos del estado del remanente de tesorería, en el capítulo de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto». Se trata de obligaciones derivadas de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad local, aunque sobre ellas no se ha dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación para que queden correctamente computadas en las cuentas.
Subida en la Diputación de Castelló
Por lo que respecta a las diputaciones, la de Castelló es la que mantenía una mayor cuantía de facturas pendiente de regularizar a fecha de septiembre: 3,46 millones de euros, cinco veces más que en el tercer trimestre del año pasado. Le sigue la Diputación de Alicante, con 1,1 millones de euros de saldo en la cuenta creada para registrar los recibos en el cajón adeudados a proveedores, un 36 % menos que en 2019.
La corporación provincial de Valencia, por su parte, era la que menos deuda no presupuestada arrastraba con sus proveedores en septiembre, con 208.105 euros. Este importe, aún así, casi multiplica por ocho al contabilizado en el pasado ejercicio. Todo ello a la espera de que se contabilicen los últimos tres meses del año, que tampoco han sido fáciles para las entidades locales.
