El informe del Tribunal de Cuentas señala de forma negativa a la Comunitat Valenciana como la autonomía en la que las prestaciones económicas tienen un mayor peso (71 %) dentro del reparto del sistema de la dependencia, en detrimento de las resoluciones que reconocen a los beneficiarios el acceso a servicios públicos de cuidado.
En 2013, el órgano fiscalizador reprochó a las comunidades que las prestaciones económicas se había convertido en mayoritarias de forma general a pesar de que la Ley de Dependencia estatalece que este tipo de ayudas de carácter personal y periódico (para el cuidado de familiares) deben reconocerse de forma excepcional, únicamente, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. En el conjunto de España, sin embargo, la tendencia se ha revertido en los últimos años y, a 31 de diciembre de 2018, las resoluciones de reconocimiento de servicios por parte de las autonomías superaban ya a las prestaciones económicas, al representar el 58,63% sobre el total del reparto de la dependencia. Pero el Tribunal de Cuenta subraya que las prestaciones económicas siguen siendo mayoritarias en las comunidades de Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia y Navarra, con una situación «especialmente significativa» en el caso de la C. Valenciana, dondeestas ayudas representaban el 71% del total, mientras que los servicios reconocidos se reducían al 29 %, veinte puntos por debajo de la media.
