La Abogacía ha obligado a la Generalitat a reformular el decreto que priorizaba a las nuevas entidades de ámbito comarcal en el reparto de subvenciones para financiar gastos corrientes y de personal frente a las mancomunidades tradicionales de régimen general, tras advertir de que esa discriminación de unas sobre otras infringía la ley.
En su estrategia de impulsar un nuevo modelo de estructura intermedia entre la administración autonómica y la provincial, el Consell está promoviendo la transformación de determinadas mancomunidades adscritas a comarcas históricas bajo el paraguas de una nueva figura jurídica que brinda a estos organismos supramunicipales un mayor grado de autonomía y de competencias. De ahí que la resolución inicial de Presidencia otorgara una puntuación extra a las mancomunidades capaces de adaptarse a la citada fórmula.
Sin embargo, el informe jurídico de la Abogacía concluyó que el tratamiento prioritario de las nuevas entidades en el decreto a la hora de beneficiarse de los mismos fondos no se justificaba ni estaba previsto de forma reglamentaria en la Ley de Mancomunidades.
Para ajustarse a la normativa, la dirección general de Administración Local ha decidido separar en dos las convocatorias, de modo que, por un lado, saldrán las ayudas destinadas a las mancomunidades de de rango comarcal (conservando la prioridad) y, por otro, las orientadas a las de régimen general, a pesar de que todas las subvenciones seguirán financiándose con la misma línea presupuestaria, que asciende a la cuantía global de 1 millón de euros.
La Ley de Mancomunidades del Consell, refrendadapor el Tribunal Constitucional en 2019, contempla la potenciación de los entes de ámbito comarcal. Con tal de incentivar la transición de las mancomunidades tradicionales que cumplen los requisitos para dar el salto a esta nueva fórmula, la administración autonómica promovió desde Presidencia una modificación del decreto que regulaba las ayudas para sufragar gastos corrientes de los organismos supramunicipales. El plazo de información pública se cerró sin que se registrara ninguna alegación, pero la Abogacía reparó en que los cambios introducidos excedían de la simple incorporación de un nuevo tipo de entidad beneficiaria al programa de subvenciones, puesto que también incluían un nuevo apartado para financiar los gastos de las plantillas del personal con dedicación plena exclusivamente en el caso de las mancomunidades calificadas como de ámbito comarcal. También se modificaron los criterios objetivos de baremación para el otorgamiento de las subvenciones, de modo que se concedían de entrada 4 puntos de los 10 posibles a las nuevas entidades comarcales. Y ahí es donde puso el acento el servicio jurídico de la Generalitat. «No se encuentra ninguna justificación ni motivación en el establecimiento de un régimen priorizado, tanto en materia de gastos subvencionables como de la puntuación extra otorgada, por el simple hecho de la configuración y reconocimiento de una entidad como de ámbito comarcal», observó la Abogacía.
Aunque la Ley de Mancomunidades contempla que estos organismos tengan carácter prioritario a la hora de beneficiarse de determinados fondos, sobre todo cuando reúnan entre sus integrantes a un alto número de pequeños municipios, lo cierto es que se necesita un desarrollo reglamentario de la normativa que «aún no existe», según hace hincapié el informe.
Seguirán teniendo prioridad
En cualquier caso, el director general de Administración Local, Antoni Such, resta importancia al traspiés y descarta que vaya a suponer un obstáculo o un retraso en el proceso de reparto de fondos, puesto que las ayudas se resuelven con posterioridad a que las mancomunidades hayan ejecutado el gasto con cargo al presupuesto del ejercicio correspondiente a la convocatoria. Such recalca que inicialmente se consideró tramitar un único decreto para englobar en una misma convocatoria todas las subvenciones y así «ahorrar trabajo administrativo». Tras el informe de la Abogacía, sin embargo, se aprobarán dos convocatorias anuales, pero se mantendrá el criterio de primar a las entidades de ámbito comarcal sobre las de rango general, reservando más dinero para las primeras. Los fondos no se verán alterados respecto a las previsiones, puesto que la línea presupuestaria será la misma.
