El president de la Generalitat, Ximo Puig, se resiste a solicitar un confinamiento domiciliario a pesar de la insistencia de Compromís y Podem, los socios del PSPV en el Gobierno autonómico, en esta medida ante el alza de contagios. Ayer volvieron a insistir en las Corts.
Sin embargo, Puig no tiene encima de la mesa pedir el encierro de la ciudadanía, aseguran en su entorno a este diario. Al menos, ahora y en los próximos días. Como mínimo, hasta el fin de semana. Si en esos plazos hubiera un aumento importante de casos, otros escenarios serían posibles.
Pero la prioridad ahora, afirman, es asegurar el cumplimiento de las medidas en vigor y evaluar su funcionamiento. Las últimas restricciones se aprobaron el pasado día 7 y se considera que se necesitan de siete a diez días para que empiecen a tener efecto. Por tanto, debería empezar a verse cómo han ido entre el día 14 y 20 de este mes.
Ante la posición de los socios, la actitud que defienden en el Palau es de «cabeza fría» ante «días duros», porque «no se pueden adoptar medidas nuevas cada día sin evaluar las que se han ido tomando».
Fuentes próximas a Puig subrayan asimismo que la Comunitat Valenciana es de las autonomías con unas limitaciones de movilidad más severas. Lo fue antes de Navidad, al ser la única que prohibió los viajes a otros territorios, incluso entre familiares. Y lo es desde el día 7, argumentan, con el confinamiento de 26 municipios, el adelanto del toque de queda a las 22.00 horas, el cierre de la hostelería a las 17.00 y la reducción de los aforos en locales comerciales hasta el 30 %. Estas medidas suponen en la práctica un «semiconfinamiento». Ya se ha visto en el último fin de semana.
Presidencia entiende además que existe un margen de medidas aún, si fueran necesarias, antes de pedir el confinamiento de los ciudadanos en sus casas, decisión final que competería al Gobierno de España. Se podría restringir las reuniones aún más y el régimen de apertura de comercios y hostelería, entre otras posibilidades.
El síndic de Compromís, Fran Ferri, insistió ayer en que hay que «tomar medidas más duras», porque la «curva está desbocada». «Somos los que peor estamos y si hay que cerrar una parte de nuestra economía habrá que hacerlo. Es más fácil rescatar la economía que personas», dijo. «Son datos inaceptables, hay que tomar nuevas medidas para parar la tercera ola», afirmó Ferran Martínez (Unides Podem), como «frenar de momento» la vuelta a las aulas.
Las tres recetas del tripartito para frenar la ola de contagios
Un mismo gobierno pero tres recetas distintas para poner freno a la ola de contagios. Los tres partidos que componen el pacto del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, encaran el peor momento de la pandemia con propuestas diferentes sobre las medidas a adoptar en la Comunitat Valenciana.
Aunque la decisión final sobre un confinamiento compete al Gobierno de España, la de modular el cierre de espacios y restringir movimientos si está al alcance del ejecutivo autonómico. Pero cada partido tiene su posición y ayer volvió a quedar de manifiesto en las Corts. Nadie trató de disimular.
Para los socialistas es difícil pensar en nuevas restrictivas porque consideran que la Comunitat Valenciana ya está prácticamente confinada con el toque de queda a las diez, el cierre de la hostelería a las 17 horas o el tope de cuatro personas por mesa. «Si todos cumplieran no estaríamos en este nivel de contagios», lamentó el portavoz en las Corts, Manolo Mata, que, sin citarlo, reprochó a Podem que defienda el cierre de colegios. ¿Qué hacen los padres con sus hijos tres semanas sin colegio? se preguntó. En su opinión poco más se puede hacer que no sea cerrar del todo la hostelería y el comercio.
Compromís cree que sí se pueden acometer nuevas restricciones porque la situación es muy grave, pero no la del cierre de colegios que defiende Podem. «Hacen falta medidas más duras, y cuanto antes se tomen, mejor», dijo el portavoz, Fran Ferri. «Medidas más duras para adelantarbos y que prevalezca la salud sobre la economía», señaló.
En cambio, Podem defiende directamente volver a la fase cero. Supondría un confinamiento domiciliario y por tanto el cierre de la economía no esencial y también cerrar los colegios, de lo que discrepan sus socios.
A la oposición tanta disparidad de criterios le parece una vergüenza, según criticaron ayer PP y Cs.
