La denominada coordinadora de empleados públicos en fraude de ley de la Comunitat Valenciana, una organización que defiende los intereses de más de 40.000 temporales en las diferentes Administraciones valencianas, fundamentalmente en la Generalitat, está intensificando sus acciones para lograr una solución excepcional que les permita lograr la estabilidad en su puesto de trabajo sin que para ello tengan que superar un proceso selectivo al uso.
La coordinadora, constituida también de ámbito nacional, consiguió en la víspera de la pandemia una amplia movilización en la capital de España y ahora ha convocado para el próximo jueves, 14 de enero, concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno en València, Alicante y Castelló.
Su objetivo es visibilizar su problema y exigir al Gobierno central que les permita convertirse en empleados fijos bien mediante un concurso de méritos, bien directamente con la creación de una nueva figura donde puedan encajar legalmente: la de empleados públicos fijos.
Las reivindicaciones de este colectivo, especialmente amplio en la Comunitat Valenciana (solo en la Generalitat constituyen en torno a un 35 %), son antiguas, pero se han intensificado en los últimos tiempos sobre todo a raíz de la sentencia de la Unión Europea del pasado mes de marzo que advertía a las administraciones públicas sobre el uso abusivo de las contrataciones interinas e instaba a dar soluciones distintas a los procesos selectivos.
El Consell ha puesto en marcha convocatorias de ofertas de empleo público pensadas para estabilizar el empleo del personal interino (con mayor puntuación por la experiencia), pero el colectivo rechaza esta vía ya considera que, al ser abiertas a todo el mundo, suponen amenaza a un puesto de trabajo al que han estado vinculados durante años sin que se convocara ninguna oposición.
De hecho, la coordinadora pide que las plazas que están ocupadas ahora por personal interino no salgan a concurso. El colectivo ha mantenido reuniones con los distintos grupos parlamentarios a fin de ganar apoyos para que el Gobierno central facilite su conversión en fijos. Mientras, la vía judicial también está abierta, con cientos de denuncias tanto a título individual como colectivo para frenar los procesos selectivos.
