La población de Benetússer, que está confinada perimetralmente junto con otros cuatro pueblos de l’Horta Sud (Alfafar, Massanassa, Sedaví y Llocnou de la Corona), tiene también una residencia afectada por el coronavirus. El brote registrado en los últimos días ha supuesto el contagio de una veintena de personas, entre mayores y profesionales de la plantilla, tal como han confirmado diversas fuentes. La instalación tiene actualmente 24 personas mayores internas, es de titularidad de la Generalitat, aunque está gestionada por una empresa privada, que lleva dirigiéndola desde 2016.
Al conocer la situación, el consistorio ha acordado ceder de forma temporal las instalaciones del Centro Municipal de Convivencia para que la plantilla de la residencia pueda disponer de un espacio propio separado de las personas internas.
De este modo, el equipo de profesionales podrá comer o descansar alejado de las personas a su cuidado, favoreciendo el mantenimiento de distancia de seguridad recomendada. «Se trata de una medida tomada a raíz de la aparición de casos positivos entre los mayores, lo que ha llevado a extremar precauciones a la hora de seguir los protocolos sanitarios», indican en el ayuntamiento. Además, desde el consistorio se ha elevado una solicitud para que la UME del Ejército lleve a cabo labores de limpieza y desinfección de superficies y mobiliario en la residencia.
Prohibiciones de Igualdad
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha criticado que la decisión de la Conselleria de Igualdad de obligar a reservar al menos un 10 % de las plazas en residencias para posibles aislamientos supondrá no poder utilizar 3.000 puestos cuando «se necesitan al menos 22.000 más». Además, advierten de que «la prohibición de nuevos ingresos puede bloquear algunas camas hospitalarias que se liberan mandando a los mayores a los centros, lo que aumentará aún más la presión asistencial».
Desde Aerte no entienden dicha medida cuando durante toda la pandemia se ha demostrado que no es una cuestión de los nuevos residentes que ingresan en el centro, a quienes previamente se les hace una prueba PCR y están diez días en aislamiento prevenitivo. «La dependencia no se para porque haya covid, hay familias que no pueden cuidar a personas dependientes a su cargo y necesitan este servicio», critica José María Toro, presidente de Aerte.
