Sin embargo, el 20 % de los edificios de la Comunitat Valenciana carece de ascensor, según consta en el estudio publicado por Levante-EMV La accesibilidad de la nueva vivienda en España. Tal como contó este diario, hay 100.000 personas en el país que no pueden salir nunca de su casa porque no tienen a nadie para ayudarles y su edificio no es accesible. Se trata de personas con discapacidad pero también mayores o con dolencias que les impidan subir y bajar escaleras.
Las comunidades de propietarios deben eliminar las barreras arquitectónicas de sus fincas y para ello la Administración ofrece ayudas estatales y autonómicas. Sin embargo, las subvenciones no siempre llegan en tiempo y forma y los afectados temen embarcarse en obras que suponen una derrama considerable y que la ayuda se retrase.
Subvención de 14.000 euros
Ese es el caso de una comunidad de propietarios de València que solicitó en 2017 la pertinente ayuda para instalar un ascensor en la finca y tres años después sigue esperando el ingreso. Así consta en una resolución del Síndic de Greuges que insta a la Conselleria de Vivienda a «abonar la cuantía en el menor plazo posible» y a comunicarle a los afectados «las notificaciones que procedan relativas al estado de tramitación de su expediente». Las ayudas suponen un ingreso a la comunidad de propietarios de 13.950 euros (10.850 euros de la subvención del ministerio y 3.100 euros de la Generalitat Valenciana).
El Síndic de Greuges, Ángel Luna, reconoce en la resolución «las dificultades financieras que afronta la Generalitat Valenciana para hacer frente al pago de las subvenciones de planes de vivienda que ya no se encuentran en vigor, y cuya tramitación se encontraba paralizada. No obstante, no podemos sino seguir recordando que el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana dispone que la Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente a favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas».
La resolución también hace hincapié en la «falta de información» existente ya que «son muchas las personas solicitantes de subvenciones para la rehabilitación o la compra de viviendas, cuyos expedientes fueron paralizados por razones presupuestarias, que no tienen ningún conocimiento de cuál es el estado de su petición de subvención, si está concedida, si está pendiente de pago, o si ni siquiera se ha admitido a trámite».
La Conselleria de Vivienda, por su parte, está elaborando un informe al respecto y está inmersa en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como las ayudas adicionales de la Generalitat.