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La negativa del Ministerio de Hacienda de autorizar el nombramiento de los dos viceinterventores de la Diputación de Valencia mediante el sistema de libre designación ha obligado a la corporación provincial a recurrir a las comisiones de servicios para cubrir de forma provisional ambos puestos de altos funcionarios pertenecientes a la cúpula fiscalizadora.
La entidad mantiene un litigio abierto con la Administración del Estado para defender su criterio de elección, aunque en primera instancia la justicia ha fallado en contra y el proceso está pendiente de recurso.
A petición del interventor, el 4 de enero la diputación inició los trámites para cubrir la plaza vacante y recientemente creada de viceinterventor segundo a través de una comisión de servicios, apelando a la necesidad de contar con este puesto de forma inmediata para reforzar los efectivos de control interno. En 2019, la diputación aprobó el nombramiento de varios altos funcionarios mediante el sistema de libre designación, aludiendo a su alto nivel de responsabilidad, a la complejidad de su labor, a la búsqueda de determinadas aptitudes profesionales y a la exigencia de confianza personal en la idoneidad técnica de los responsables.
La resolución quedó condicionada a que el ministerio autorizara la vía discrecional para elegir al interventor, viceinterventor, viceinterventor segundo y tesorero. Hacienda denegó la solicitud para estas tres últimas plazas, si bien la de tesorería está cubierta reglamentariamente.
Respecto al puesto de viceinterventor primero, la Agencia Antifraude advirtió en 2019 de que la Diputación de València había ido prorrogando la comisión de servicios del funcionario que lo ocupa mucho más tiempo de los dos años considerados como tope para prolongar este tipo de fórmulas provisionales cuyo abuso es cuestionado por los sindicatos. La última comisión de servicios se formalizó en julio de 2020.
El precedente judicial
La ley establece el concurso de méritos como sistema normal para proveer los puestos de altos funcionarios, pero permite «excepcionalmente» hacer uso de la libre designación. En 2019, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sentó un precedente al refrendar la negativa del Ministerio de autorizar a la Diputación de Alicante la cobertura del puesto de viceinterventor mediante este sistema singular, al considerar que su uso no estaba justificado porque no se trataba de un puesto de especial responsabilidad. Pero la cuestión es controvertida: uno de los magistrados emitió un voto particular contrario a la sentencia, al considerar que el procedimiento sí estaba motivado.
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