En febrero de 2022 cualquier persona que pida una ayuda de dependencia tendrá una valoración y una respuesta de la Administración en los seis meses que marca la ley. O, al menos, ese es el propósito de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien según reconoció ayer serán aún necesarios 13 meses más para «absorber» la lista de espera de entrada al sistema público de cuidados.
No es la primera vez que la líder de Compromís se da un plazo de tiempo para poner el contador de expedientes pendientes a cero. En noviembre de 2015, casi recién asumido el cargo, fijó este objetivo en cuatro años, antes de 2019. «Hicimos nuestras previsiones con las cifras de 2014, no esperábamos que se multiplicaran por cuatro las solicitudes», justificó ayer la vicepresidenta haciendo balance de los cinco años de políticas en dependencia.
Para logarlo, indicó, el presupuesto de 2021 incluye un aumento del 6 % en los fondos destinados a dependencia e incluso cuentan con una partida de inversión para edificar nuevas infraestructuras. Asimismo, depositó sus esperanzas en la llegada de ingresos por parte de los fondos europeos de recuperación.
La realidad desde 2015 ha cambiado. La lista de espera ha menguado a la mitad y el tiempo de demora ha bajado un 75 %. Si en aquel año eran 46.496 personas las que llevaban más de 6 meses esperando por un tiempo medio de 4 años y medio (54 meses), hoy son 21.790 personas las que han de ver prolongada su gestión más allá de lo reglamentario durante 13 meses.
Oltra aseguró que se resuelven unos 2.400 expedientes al mes, que hay 219 municipios que realizan los trámites en tiempo y forma, que se han multiplicado por 47 los valoradores al reforzar los servicios sociales locales y que, como curiosidad, durante los tres meses de confinamiento con teletrabajo del funcionariado el ritmo de gestión fue superior a las mismas fechas que un año atrás (7.399 frente a 6.955).
Más de 100.000 beneficiarios
«Cuando el sistema se pone en marcha, la gente confía en el sistema», expresó la vicepresidenta para explicar el aumento en el número de solicitudes. «Es la cifra más importante, la de personas incorporadas al sistema», insistió. Esta superó en 2020 los 100.000 beneficiarios hasta llegar a los 103.326 de enero de 2021. Son 61.331 personas más que en 2015 que llevan aparejado un aumento de los recursos: de 429 en 2014 a 907 millones en 2020.
Pero todo apunta a que seguirá creciendo: sigue habiendo lista de espera y en 2020 entraron 39.318 solicitudes, entre las que, especificó, también se incluyen las revisiones de grado por cambio de la situación de la persona dependiente. Así, Oltra situó en 144.000 beneficiarios el «punto de equilibrio», el momento en que la gente que entra y la gente que sale del sistema se vuelve estable.
Entre los retos que marcó la responsable de Políticas Inclusivas está «desinstitucionalizar» esta ayuda de dependencia, esto es, atender a las personas más allá de las residencias con programas como el Cuidem, el asistente personal o las ayudas de servicio domiciliario. «Queremos que el ingreso residencial sea el último recurso y que mientras tanto la persona pueda estar en un ámbito de seguridad y de confort», señaló.
