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El Consell desatasca la ley sobre los lobbies dos años después de aprobarla

Transparencia obtiene el compromiso de Hacienda de que habrá aval presupuestario para poner en marcha el reglamento que desarrolla la norma - Se consideran grupos de presión aquellos cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones políticas

Panorámica de las Corts Valencianes, que aprobó la ley de lobbies hace dos años. | MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Panorámica de las Corts Valencianes, que aprobó la ley de lobbies hace dos años. | MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Más de dos años después de que entrara en vigor la ley que regula la actividad de los grupos de presión en la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Transparencia empieza a ver la luz al final del túnel respecto a la aplicación de esta norma que heredó del primer Botànic y que sigue intacta. Al menos así lo creen en el departamento que dirige Rosa Pérez que, tras varias conversaciones con la Conselleria de Hacienda, han logrado arrancar el compromiso de avalar desde el punto de vista presupuestario el reglamento que desarrolla la ley.

Fuentes del departamento de Rosa Pérez apuntan que el necesario informe favorable de Hacienda aún no está listo, pero el acuerdo es facilitarlo para que la conselleria pueda presentar la norma ante el pleno del Consell.

Tal como informó Levante-EMV en mayo del año pasado, el reglamento que regula el registro en el que los grupos de presión deben inscribirse como paso previo a su contacto con los responsables de la Generalitat (piedra angular de la ley) se encontró con un obstáculo considerable.

Tras meses de retraso, la conselleria logró completar el expediente, pero el informe del Consell Jurídic Consultiu frenó de nuevo la tramitación ya que en su dictamen hizo una observación de carácter esencial por el que la norma no obtuvo el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, documento de carácter previo, preceptivo y vinculante.

El Jurídic subrayó que sin dotación suficiente presupuestaria las previsiones del proyecto normativo no podrían ponerse en marcha por lo que carecía de sentido aprobar el reglamento. El coste de la puesta en marcha de esta ley se llegó a cuantificar en 190.842 euros, un dinero que en ese momento no estaba disponible para avanzar en una norma que busca impulsar la transparencia en las relaciones entre la Generalitat y los conocidos como grupos de presión.

Cabe recordar que esta ley, plato estrella del departamento de Transparencia en el primer Botànic, ha sufrido numerosos avatares desde sus inicios. Transparencia, entonces en manos de Compromís, tuvo que ir rebajando sus aspiraciones ya que esa vigilancia, que afecta no sólo a posibles lobbies como empresas o colectivos profesionales, sino también a los propios gestores públicos, generó reticencias en algunas conselleries. El proyecto de ley sufrió numerosos cambios, aunque finalmente se aprobó en noviembre de 2018. Sin embargo, una ley sin reglamento que la desarrolle, es papel mojado.

Sin el citado registro en el que obligatoriamente debe inscribirse todo aquella entidad o persona física que quiera negociar con la Generalitat, es casi imposible que las previsiones de la ley puedan aplicarse. La ley considera como lobbismo aquella actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones y para ello, se establece comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con personal de la Administración.

Reuniones secretas prohibidas

Los altos cargos tienen prohibido reunirse en secreto con los lobbies y los encuentros deben hacerse públicos. Con un nuevo presupuesto, Transparencia ha estado en contacto con el departamento de Hacienda para tratar de obtener el necesario informe de Hacienda. En teoría, si consigue este sí, el último paso sería llevar el proyecto normativo al pleno del Consell.

En un momento de crisis sanitaria en la que toda la gestión está centrada en la epidemia del coronavirus, el margen de maniobra de conselleries como Transparencia es complicado. Cabe apuntar que en la pasada legislatura, cuando se creó de la nada este departamento, se concentró la mayoría de la producción normativa.

En materia de transparencia, la reforma de la ley y la relacionada con los lobbies son las dos cuestiones claves que tiene la conselleria. También el reto de impulsar los primeros presupuestos participativos de la historia de la Generalitat.

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