El prometido endurecimiento del control de las medidas anticovid que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pidió en diciembre a las fuerzas de seguridad ante la implacable tercera ola que se avecinaba ya tiene consecuencias. En positivo: la conselleria de Bravo ya tiene sobre la mesa más de 70.000 propuestas de sanción, muchas de las cuales han sido impuestas a ciudadanos y empresas desde noviembre hasta ahora.

Pero hay una parte negativa: ¿Dispone la conselleria de Administración Pública de suficiente personal para convertir todo ese papel en dinero? En otras palabras, para poder tramitarlas en tiempo y forma de tal manera que no se pierda ni una de esas sanciones.

La respuesta la dio ayer la responsable de esa conselleria con el anuncio de un plan de choque que pasa por aumentar sustancialmente la plantilla del Servicio de Espectáculos Públicos, que es el especializado en la tramitación de expedientes sancionadores, ya que las multas que imponía la Generalitat hasta la llegada de la pandemia era, principalmente, en ese marco, el de los espectáculos tales como bous al carrer, conciertos, corridas de toros, conciertos, verbenas y eventos de índole similar.

Sin embargo, duplicar esa plantilla podría quedarse corto, a la vista del volumen sancionador. Para que quien lee esto se haga una idea: frente a las 70.000 propuestas de sanción por infringir las medidas anticovid que acumula en este momento Espectáculos Públicos, están las «250 o 300» que tramitaba ese mismo servicio antes de la llegada del coronavirus. En todo un año. Dicho en términos matemáticos: los expedientes se les han multiplicado casi por 500.

No perdonar ninguna

La intención del Consell es no dejar de cobrar ni una sola de las denuncias impuestas hasta ahora que, en su inmensa mayoría, corresponden a infracciones leves cometidas por ciudadanos particulares, tanto por no hacer uso de la mascarilla como por llevarla mal puesta.

Cuando Puig anunció el decreto-ley 11/2020, que contiene el régimen sancionador en los casos en que se infrinjan las medidas sanitarias para contener la pandemia, ya dejó claro que todo el dinero recaudado en nombre de ese decreto iría a parar a la lucha contra la covid-19.

Pero el tiempo apremia, ya que la Administración dispone de un plazo limitado para conseguir traducir cada denuncia en multa y luego, en dinero. En el caso de las graves y muy graves (61, hasta ahora, incluidas las del famoso tardeo del Colegio Mayor Galileo Galilei, paradigma de cómo no respetar las medidas sanitarias desemboca en un brote generalizado), no hay problema, porque tienen consideración de prioritarias y, de hecho, ya están todas tramitadas.

Pero son las otras, las leves, las que mayor volumen de trabajo generan. Como muestra, un botón: de las 70.000 denuncias interpuestas hasta ahora —en números redondos, 35.000 en València, 30.000 en Alicante y10.000 en Castelló—, el Servicio de Espectáculos Públicos solo lleva incoados 3.003 expedientes sancionadores. De estos, 1.309 corresponden a la provincia de Castellón y 972 , a la de Alicante, mientras que de València solo se han convertido en expediente 478 de las denuncias interpuestas por las fuerzas de seguridad desde finales de julio hasta ahora.

Solo 71 de pronto pago

Según las cifras aportadas ayer por la conselleria de Justicia, de esos 3.003 expedientes sancionadores, se han finalizado 491, de los que se han cobrado 454 —266 en Castelló, 95 en Alicante y las 73 restantes, en València—.

Ahora, con el incremento de plantilla y medios tecnológicos, Justicia espera acortar los plazos máximos de que dispone para iniciar el trámite, notificar la multa y resolver alegaciones —dos periodos de seis meses, en función de si el ciudadanos recurre una o dos veces—, así como para convencer a más infractores de que se acojan al pronto pago, que les permite ahorrarse hasta un 40 % de la multa si admiten la infracción y la pagan en los momentos iniciales del procedimiento. De momento, solo se han acogido a esta modalidad 71 de los casi 500 expedientes finalizados, seguramente porque en la ciudadanía ha calado la falsa idea de que ni estas sanciones ni las del primer estado de alarma podrán ser cobradas. Error.

Los pueblos confinados de l’Horta Sud ya han propuesto 680 multas tras el cierre


Las policías locales de los cinco municipios que forman el núcleo poblacional confinado en l’Horta Sud y los efectivos del puesto principal de zona Alfafar-Catarroja de la Guardia Civil han informado de la interposición de 360 multas a personas que no cumplieron con las medidas marcadas por la Conselleria de Sanitat durante el último fin de semana. Estas multas se suman a las más de 300 interpuestas hasta el pasado viernes que hacen que el balance total de sanciones supere las 680 desde que comenzara el confinamiento de la zona. La mayoría de los incumplimientos tienen que ver con no respetar los controles policiales en los accesos y por intentar entrar o salir del núcleo perimetral sin causa justificada.


Por su parte y tras una semana de la entrada de nuevas restricciones municipales, ya son 118 las sanciones que ha impuesto la Policía Local de Mislata, de las cuales 55 durante el fin de semana. Destacan entre las causas no utilizar o llevar mal puesta la mascarilla, fumar en terrazas o sin guardar la distancia en la vía pública, no respetar el aforo en locales de hostelería y comercios, o incumplir el aforo en terrazas por tener más mesas y sillas.