Los niños migrantes solos tutelados por la Generalitat Valenciana reciben por regalo de cumpleaños al cumplir los 18 años la desprotección absoluta. Y así, en un día, pasan de tener comida y techo a ser un joven sin hogar y sin papeles ya que la Administración no les tramita (en la mayoría de casos) ni el permiso de residencia ni el de trabajo.

La Campaña CIEsNO presentó una denuncia al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en la que informaban de un caso particular -en nombre de 10 chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores- para hacer referencia a un problema que no es la excepción sino la norma y supone el «desamparo» de quien ha estado en el sistema de protección y sale de allí sin nada. Sin futuro, sin opciones y sin documentación.

Por segunda vez

En noviembre, el Defensor del Pueblo ya informó a la Fiscalía General de que un gran número de jóvenes extutelados de la Generalitat Valenciana alcanzaba la mayoría de edad sin que se les hubiera tramitado el permiso de residencia. Ayer, dos meses después, el Defensor del Pueblo vuelve a pedir a la Fiscalía General que actúe ante «el desamparo» de estos jóvenes y «suspende la actuación» con los servicios de protección valencianos «habida cuenta de la cantidad de menores tutelados por al Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin autorización de residencia y sin documentación identificativa, ya sea pasaporte o cédula de inscripción».

En el escrito, el Defensor reprocha la falta de tramitación de la autorización de residencia, lo que provoca «graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de extutelados para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)».

Además, constata que los plazos que utiliza la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas para instar la residencia de los menores es «erróneo» ya que numerosas administraciones -como la Generalitat Valenciana- continúan interpretando que es a partir de los nueve meses de tutela cuando deben realizar la tramitación de la autorización de residencia del menor, mientras que el Defensor del Pueblo señala que «la normativa impone el plazo de nueve meses como un límite máximo para otorgar la residencia al menor».

Fernández Marugán asegura que se «incumple» la nota interna 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo y recuerda también el «deber legal» que incumbe a las entidades de protección «de declarar la tutela de los menores extranjeros no acompañados, sin prolongar la guarda de hecho más allá del tiempo necesario para su identificación y constatar su desamparo», especificando que «los menores se encuentran desamparados cuando existe incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, estando privados de la necesaria asistencia moral o material».

La red de emancipación: 124 plazas para 436


El Botànic puso en marcha la red de emancipación para jóvenes extutelados por al Generalitat Valenciana ya que antes de ese momento los recuross eran cero. Sin embargo, la oferta no cubre la demanada existente y solo unos pocos elegidos consiguen una de las ansiadas plazas en un piso tutelado cuando cumpolen la mayoría de edad. Así, en 2015 había 62 plazas para los 315 migrantes que cumplieron la mayoría de edad. En 2019 hubo 124 para 436. El problema es que salen del sistema de protección sin papeles, sin hogar y sin futuro.

Con guarda y con tutela

Y así, la guarda provisional en tanto se constata el desamparo «no es óbice para la adopción de todas las medidas oportunas de protección, de modo especial, la de tramitar su autorización de residencia, habida cuenta de los graves perjuicios del acceso a la mayoría de edad sin ella». Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha reiterado a la Conselleria el deber legal de instar a la tramitación de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados de acuerdo con lo establecido por la Ley de Extranjería.

Con pasaporte pero sin ayudas


«Para nosotros no es de recibo que un problema informático implique no cumplir la ley al negar una prestación a la que esas personas tienen derecho y es básica, además, en pandemia». Desde Valencia Acoge lamentan que la Conselleria de Igualdad «haya tardado tanto» en solucionar un «problema técnico» ya que la aplicación informática de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) impedía registrar a las personas migrantes que solo cuentan con el pasaporte como única documentación.


De hecho, Valencia Acoge llevó hasta el Síndic de Greuges esta problemática con la denuncia de un caso particular (el de Ricardo Mederos). El pasado 13 de enero, el Síndic le dio un ultimátum a la conselleria para que resolviera el tema y aportara la pertinente información. Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Igualdad aseguraron ayer a Levante-EMV que el problema técnico está resuelto desde verano.


A la espera de datos

«La conselleria dice que el problema ya está resuelto y la mejor forma de demostrarlo es indicarle al Síndic cuantos casos se han resuelto. El caso que originó la denuncia sigue sin resolverse. Y eso que Ricardo tiene cuenta bancaria y la tiene en activo, pero sigue sin cobrar y la solicitó el 14 de febrero de 2018», añaden desde Valencia Acoge.

De momento, Igualdad no ha proporcionado los datos sobre el total de expedientes con pasaporte bloqueados o ya resueltos.


Sin embargo, en un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de València -que data del 25 de noviembre de 2020- los técnicos afirman que solicitaron a la conselleria «la resolución urgente de 337 expedientes de personas extranjeras, pendientes de resolución por ser personas con pasaporte como única documentación».


El mismo informe asegura que «respecto a la resolución de expedientes de RVI presentado por personas identificadas con pasaporte, tan solo un expediente ha sido resuelto (en fecha 12 de agosto de 2020)». Por todo ello, desde València Acoge piden que se solucionen «todas las trabas que ponen los bancos para que las personas migrantes abran una cuenta solo con un pasaporte. Porque al final la ayuda no llega a quien más la necesita».