La Comunitat Valenciana amanece con sus cerca de 34.000 bares y restaurantes cerrados. El Consell decretó el martes la clausura total de la hostelería desde hoy y durante 14 días y pese al anuncio de Ximo Puig de que desde hoy mismo el sector podrá acceder a una de las seis líneas de ayudas del Plan Resiste, los propietarios y trabajadores se mostraban ayer tan escépticos sobre estas medidas de alivio económico como angustiados por los efectos de su cerrojazo y la duración del mismo.
La incertidumbre era el plato principal del menú de ayer. La patronal hostelera maneja unas previsiones que cifran en el 50 % el número de establecimientos que no volverán a retomar su actividad en la Comunitat Valenciana como consecuencia de este cierre total. Sin embargo, ninguno de los propietarios consultados ayer por este diario confirmaron tal extremo. Eso sí, las dudas son enormes y el agotamiento anímico hace mella en un sector que ha sido el principal afectado cada vez que la Generalitat ha aplicado nuevas restricciones para contener el avance de la pandemia, como reconoció el propio Puig.
«¿Que cómo estamos llevando el último día? Con miedo, mucho miedo», comentaba la encargada de un restaurante del barrio de l’Eixample de València. Ese miedo, cuenta, nace de esas dudas «justificadas» acerca de cuánto tiempo se prolongará este cierre por decreto. «El paso difícil, que era cerrarnos, ya se ha dado. Ahora veremos cuándo nos dejan volver a trabajar».
Mientras, otra empleada de un establecimiento cercano —y con una afluencia sensiblemente menor que el anterior—, apuraba sus últimas horas antes de regresar a un expediente de regulación de empleo. «Mañana, todos al ERTE. Y ya veremos cuándo salimos», relataba. «No sabemos si volveremos...el jefe —que no se encontraba en el local— está ahora mismo haciendo cuentas, porque somos 16 trabajadores y ahora además esto se junta con el pago de impuestos trimestrales».
El president de la Generalitat reveló durante su anuncio del plan de ayudas que la hostelería representa «casi la mitad» de los trabajadores que siguen en ERTE en la Comunitat Valenciana, un porcentaje que a buen seguro subirá a partir de esta semana.
La lluvia que a mediodía de ayer caía de forma intermitente en el centro de la ciudad tampoco ayudaba a encarar los 14 días de cierre con algo más de esperanza (y de dinero en caja). «Con las terrazas semivacías y los interiores limitados a un tercio, a veces pienso que es mejor que nos hayan cerrado del todo a la situación previa», en la que tenían que cesar la actividad a las 17 horas, añadía otro propietario de un bar de la zona.
Enfado por la improvisación
Uno de los aspectos que peor ha sentado dentro del gremio es la poca previsión con la que se anunció la medida «una vez más». Es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones hosteleras y ayer casi todos los propietarios consultados confirmaron que, en mayor o menor medida, se verán obligados a «tirar a la basura» género perecedero que ya habían comprado.
Por su parte, los clientes, muchos de ellos habituales, no podían ocultar su pesar por el paréntesis forzoso. «Esto —decía uno de ellos señalando su copa de vino— se va a echar mucho de menos. Hemos venido a despedirnos y a hacer un último servicio a la causa».
Lo que no frenó el mal tiempo de ayer, más bien al contrario, fue el vaivén de bicicletas, motos y patinetes conducidos por riders con voluminosas cajas de colores a sus espaldas. Los servicios de reparto a domicilio se presentan como la última vía para que los restaurantes amortigüen el golpe, ya que la única excepción al cierre es tanto el servicio a domicilio como la reserva de comidas para su recogida en el propio local.
«Se habla mucho del delivery pero no todos encajamos en ese perfil», reconocía la propietaria de una cafetería. Los cafés no se llevan a domicilio como sí ocurre con otros productos como pizzas o hamburguesas, las estrellas del reparto a domicilio.
La Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería ha convocado actos de protesta para hoy en las tres provincias de la Comunitat y anuncia una escalada de acciones para denunciar una decisión que tachan de «arbitraria» y exigir que las ayudas anunciadas se tramiten con celeridad.
