Una pareja de les Alqueries lleva desde octubre del 2020 esperando que el Registro Civil de Nules resuelva la inscripción de su bebé, un trámite paralizado porque Lorena, la madre, víctima de violencia de género y legalmente casada con su ex pareja --en prisión hasta esta misma semana--, lleva dos años a la espera de la celebración de un juicio que resuelva su divorcio. La última fecha que le han dado es para el mes de marzo.

El lunes pasado, ante la inminente puesta en libertad de su agresor, recibió la autorización para la colocación de la pulsera GPS con la que la policía controlará que no se acerque a ella, una buena noticia para la afectada, pero que no soluciona el problema que en estos momentos la tiene desconcertada: «No poder inscribir a mi hija que, tres meses después de su nacimiento, es como si no existiera para nadie».

Que siga casada es la razón por la que el registro ha dejado pendiente de tramitar la inscripción de la recién nacida, siempre según expone Lorena, porque sería necesario probar quién es el padre legítimo de la menor. Una cuestión a la que dieron respuesta en diciembre, con la presentación de una prueba de paternidad --realizada en una clínica privada y a la que Mediterráneo ha tenido acceso--, «que tuvieron que pagar mis padres, porque nosotros no podíamos», que acredita que los progenitores son Lorena y su actual pareja. Ese documento fue presentado en el juzgado de Nules pero, según Lorena, «está a la espera de que la Fiscalía acredite si es real».

Apoyo de Sanitat

A efectos legales, la menor solo consta para Sanitat. «En el centro de salud de Alqueries, expliqué mi situación y nos hicieron un SIP provisional, para que esté cubierta los tres próximos meses». Un avance importante, aunque para Lorena insuficiente. Y es que, según explica, «me siento doblemente víctima», pues a pesar de que ya han pasado dos años desde que cortó toda relación con su ex pareja, la Administración y su burocracia «me obligan a seguir ligada a él, y lo que es peor, mi hija, con la que no tiene nada que ver en absoluto».

Dice Lorena que no está divorciada, como ha sido su deseo desde el primer momento, «porque el juicio ha ido demorándose en el tiempo». En su última convocatoria «porque su abogada no podía acudir y lo volvieron a aplazar». Y así sigue, aguardando una resolución que la desvincule de su maltratador que, para colmo de males, según ella asegura, ha llegado a poner en duda la paternidad.

Según la protagonista de esta historia, cuando desde los juzgados notificaron a su ex pareja la existencia de la menor por ser aún su marido, «hizo un escrito en el que dijo que podría ser el padre, a pesar de que no nos hemos visto desde que entró en la cárcel en el 2018, algo que se puede comprobar en los registros de entrada de la prisión de Albocàsser», asegura indignada, aferrándose a la prueba de paternidad presentada y que, de momento, no ha tenido ningún efecto a su favor.

Respuesta de la administración

Este periódico ha realizado consultas en todas las administraciones que podrían arrojar luz en la resolución de este tema. Desde Conselleria de Justicia incidieron en que no tienen ninguna competencia en la gestión de los servicios que se prestan en los juzgados, como el Registro Civil, que dependen del Ministerio, aunque aconsejaron a la afectada «acudir a la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, donde podrá recibir asesoramiento», expusieron.

En cuanto al Ministerio de Justicia, se trasladó consulta sobre esta situación que mantiene en el limbo al bebé de tres meses, e indicaron que debe ser el Registro Civil de Nules el que explique el caso. Al cierre de esta edición, después de días intentándolo, ha sido imposible entablar contacto.