La finalización de la instrucción del presunto pitufeo cometido por el medio centenar de exconcejales y exasesores del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València en las elecciones de 2015 está pendiente de que la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de València dicte el auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral. Algunas defensas aún confían en que sobresean la investigación.

La causa ha permanecido dos años aletargada, sin que se practicaran diligencias, a pesar de la petición de la Fiscalía Anticorrupción del 7 de diciembre de 2018 para que se prorrogara la investigación. Una prolongación de la instrucción que se produjo de forma tácita pero sin pronunciamiento expreso del juzgado.

En todo este tiempo, únicamente se produjo la declaración voluntaria de un exconcejal y una exasesora investigados en la causa para declarar que la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster supuestamente les ofreció participar en el presunto pitufeo (blanquear dinero, 500 euros por persona en este caso, de procedencia ilegal) pero que no participaron en esta operativa para garantizar parte de la financiación de la campaña electoral de 2015 con dinero de procedencia opaca. De haberse producido alguna diligencia más sobre esta investigación, la inacción del juzgado daría argumentos a las defensas para pelear la nulidad de las pesquisas, según algunas fuentes.

Dilaciones indebidas

Aunque el argumento en el que más esperanzas tienen las defensas de los acusados es la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas que, con toda probabilidad, se aplicará a los investigados si se llega a juicio y que podría rebajar hasta en dos grados la posible pena que se les pudiera imponer. En el caso del pitufeo se podría hablar de condenas de «meses o días de cárcel», según varias fuentes de las defensas.

La investigación sobre el presunto pitufeo finalizó hace tiempo, pero la instrucción quedó abierta al ligar el supuesto blanqueo de capitales en cantidades pequeñas supuestamente cometido en 2015 con la presunta financiación ilegal que habría cometido el PP del Ayuntamiento de València en las elecciones de 2007 y 2011 a través de varias empresas consultoras, que supuestamente recaudaban dinero de contratistas municipales para pagar las campañas electorales y en las que el exvicealcalde Alfonso Grau, era el presunto director de orquesta.