La Generalitat incumple sistemáticamente la obligación de dar documentos a los menores extranjeros que tiene a su cargo. Entre 2010 y 2020 la Administración valenciana tuteló a 2.950 niños migrantes no acompañados, pero solo tramitó el permiso de residencia a 1.011. Los datos, obtenidos por Levante-EMV gracias a la Ley de Transparencia, reflejan además que, en diez años, solo 226 menores migrantes recibieron permiso de trabajo.
La ley obliga a las Administraciones autonómicas a tramitar, en un plazo máximo de 9 meses, documentos para los menores que tienen bajo su tutela. «Los chicos que salen sin papeles de los centros se van, la enorme mayoría, directos a la calle, así que las perspectivas son la marginalidad más absoluta o ser encerrado en un CIE», denuncia Paco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. Este diario ha contactado en varias ocasiones con la Conselleria de Igualdad para reclamar datos separados año a año con el objetivo de comparar el número de permisos de residencia que se tramitan, así como el número de menores tutelados, pero desde conselleria aseguran que no disponen de esta información.
Sin plazas de acogida
Sí que existen en cambio datos sobre la red de emancipación, un programa de pisos de protección para extutelados creado por Igualdad en 2018 y que actualmente cuenta con 122 plazas de acogida para chicos tras su salida del centro de menores.
Desde su creación, se han presentado un total de 845 solicitudes para conseguir plaza, pero solo han sido acogidas 342 personas, menos de la mitad. El año pasado solo se acogió a 124 ex tutelados de 484 solicitudes recibidas. Según apunta Adrián Vives, trabajador social de València Acull, esta estadística no representa toda la realidad, ya que existen menores a los que ni siquiera se les solicita una plaza de acogida y van directos a la calle al cumplir su mayoría de edad.
Por otro lado, la falta de plazas en este sistema de acogida es palpable. «La red de emancipación es claramente insuficiente. Si cada año salen unos 450 chavales, pero solo hay 122 plazas de acogida, tú ya sabes de antemano que muchos chavales se van a quedar en la calle», lamenta Adrián Vives.
Sobre este punto, desde Igualdad remarcan que no todas las personas tuteladas que salen de los centros deciden quedarse en un piso de acogida, sino que algunas prosiguen con su proyecto migratorio y se marchan a otro país.
Un embudo burocrático
Tramitar el permiso de residencia de un menor tutelado implica la colaboración de tres administraciones: la del país de origen, a través del ministerio o el consulado, la de la propia Conselleria, y la del Ministerio del Interior. Ese es el principal escollo para el cumplimiento de la obligación de dar documentos a los niños migrantes tutelados, según apunta Rodrígo Hernández, presidente de Save The Children en la Comunitat Valenciana
Pese a todo, conselleria no está exenta de críticas. «Es verdad que la Ley de Extranjería dificulta el proceso, pero también que hay muchas cuestiones que son competencia de la Generalitat y que no se están haciendo bien», apunta Vives.
«Conselleria tiene la obligación de dar papeles a estos chicos y ha estado impidiendo este ejercicio durante años, lo que le ha costado la calle a muchos chavales», denuncia Solans. El Defensor del Pueblo ha criticado en varias ocasiones (la última esta semana), la inacción de Igualdad al no cumplir su obligación de dar papeles a estos menores.
"No pueden dejarnos en la calle al cumplir 18. ¿Qué vamos a hacer?"
Con 16 años, Mohamed se subió a una moto de agua y cruzó el Estrecho desde Ceuta. Así llegó este chico a España. Pasó por centros de menores de Murcia, Buñol y Torrent hasta que el pasado mes de agosto cumplió los 18 años, y en el día de su cumpleaños se quedó en la calle con sus cosas en una mochila. En su centro no le han tramitado el permiso de residencia, ni siquiera han podido conseguir su pasaporte. Nada.
Con el tiempo, y tras pasar unos días durmiendo al raso, ha podido ingresar en un albergue de Aldaia tras visitar muchas entidades sociales en busca de ayuda para poder estudiar. Está haciendo un curso de pastelería en un instituto, algo que dice que es «su sueño».
Aunque Mohamed ha solicitado los papeles, de momento sigue indocumentado, lo que le impide tener ningún tipo de ingresos, aunque asegura que muchos de sus excompañeros de centro viven en la calle a día de hoy. «Los centros de menores tienen muchos problemas. No pueden dejarnos en la calle al cumplir los 18 años ¿Qué vamos a hacer?», denuncia.
Cuenta que echa muchísimo de menos la tranquilidad de estar junto a su madre, y que en los pocos meses que lleva buscándose la vida ya ha sufrido varios episodios de racismo. «Cuando estábamos en la calle algunas personas se acercaron y nos llamaron ‘moros de mierda’. Se piensan que nos dan todas las oportunidades, pero la realidad es todo lo contrario, cuando cumplimos 18 años nos dejan tirados en la calle», lamenta.
