«Durante muchos meses vi que mi tren para ir al trabajo llegaba tarde todos los días, así que decidí ir a atención al cliente, pero ni me miraron. Mandé varios escritos, y no me respondieron. Entonces entendí que lo único que me quedaba por hacer era protestar. Todas las mañanas decidí hacer ruido en el andén, hasta que un día me acompañó una persona más, también indignada como yo. Llegó la policía nacional, me pidió la documentación, y me identificaron».

Esa es la historia de A.S, impulsora de las protestas por los retrasos en Cercanías que hace un año vivió la Estación del Norte de València. Un año después, esta mujer (que prefiere no identificarse) ha recibido una multa de 800 euros por «alterar el orden público y resistencia a la autoridad».

«Me multan con 800 euros por defender un servicio de cercanías digno», lamenta. Aunque asegura que recurrirá la sanción. «Me indigna que, esperando una respuesta de Renfe o que alguna persona bajara a darme explicaciones, decidieran mandar a la policía a identificarme», apunta.

Este hecho fue el detonante de unas protestas de decenas de personas contra los retrasos en el servicio de Cercanías que se extendieron durante varias semanas y que se apagaron con el inicio del estado de alarma y las restricciones por la pandemia.

«Los políticos nos dicen siempre que evitemos el transporte privado y usemos el público para favorecer el medio ambiente y ser más sostenibles, y yo estoy de acuerdo, por eso quiero un tren de Cercanías digno para ir a trabajar todos los días», señala.

Durante casi dos meses, A.S anotó en las notas de su teléfono móvil los retrasos que presentaba cada día el tren que, a día de hoy continúa usando para ir a trabajar. En la última semana de enero el tren llegó más de 20 minutos tarde cada día, aunque asegura que ha llegado a vivir que el tren no llegara y tener que coger el siguiente sin que Renfe informara de nada. «Somos la hermana pobre cuando el servicio de Cercanías es el que más usamos los ciudadanos» denuncia.