El tiempo pasa y corre en contra de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Ninguno de ellos, al menos que se tenga constancia, ha puesto en marcha el canal de denuncias sobre prácticas corruptas, una herramienta que antes de que acabe 2021 están obligados a tener. La Agencia Antifraude que dirige Joan Llinares lleva tiempo advirtiendo de que existe una obligación legal para las administraciones locales para que pongan a disposición de la ciudadanía mecanismos que faciliten la denuncia y garanticen la protección y el anonimato de las personas denunciantes.
La obligación emana de la directiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea. Se trata del nuevo marco europeo sobre protección a de personas que alertan sobre hechos o conductas contrarias al interés público y el Gobierno español tiene dos años para su transposición. En concreto, hasta 17 de diciembre de 2021.
Los estados miembros de la Unión Europea deben promocionar la existencia de canales de denuncia, algo que es obligatorio en el caso de los municipios de más de diez mil habitantes. Así, la mayoría de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana debería disponer de buzones tanto internos como externos que fueran seguros y fácilmente accesibles. El objetivo, según marca la normativa europea, es facilitar las denuncias bien sea por escrito o verbales, por teléfono o mediante reunión presencial. Es fundamental garantizar la confidencialidad de la denuncia y de la identidad del denunciante, así como una respuesta en el plazo de tres a seis meses.
Sin embargo, a menos ya de once meses que se cumpla el plazo y después de un año desde que se aprobó la normativa europea el panorama es de incumplimiento generalizado. Los ayuntamientos valencianos todavía no han implementado esos canales de denuncia que, además, deben ser dobles, es decir, internos y externos. En el caso del buzón externo, en realidad, su implementación es sencilla. Fuentes de la Agencia Antifraude apuntan que los municipios tienen a su disposición el buzón de denuncias con los que ya cuenta este organismo. La herramienta está disponible y los ayuntamientos solo tendrían que hacerse eco del mismo en su web. Es decir, podrían derivar su canal externo al que desde hace un año tiene en funcionamiento la Agencia Antifraude.
Ofrecimiento
El organismo que dirige Llinares ha reiterado este ofrecimiento en numerosas ocasiones, pero hasta ahora no ha habido respuesta por parte de los consistorios valencianos.
La normativa europea establece que, tanto en el caso de los canales internos como en los externos, se debe garantizar la confidencialidad excepto cuando se trate de un procedimiento judicial para salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada.
Además, se establece que debe garantizarse el tratamiento de datos personales, de conformidad con la normativa reguladora. Las administraciones deben contar con un registro de denuncias con datos completos y exactos y en formatos duraderos y accesibles. También se exige el deber establecer toda una serie de medidas para proteger al denunciante y evitar las represalias.
La habilitación de buzones para denunciar posibles comportamientos irregulares en el ámbito municipal no es baladí. La Agencia Antifraude lleva tiempo advirtiendo que sin controles adecuados las administraciones locales derivan en focos de corrupción. De hecho, es en este ámbito en el que Antifraude ha tenido que dar protección a personal funcionario que ha denunciado prácticas irregulares.
Foco en los municipios
El funcionariado local, sobre todo aquel que está en puestos claves como la intervención, es mucho más vulnerable que sus colegas que, por ejemplo, trabajan en el ámbito de la Generalitat. Son susceptibles de ser removidos y, además, sus retribuciones dependen del consistorio. Están más expuestos.
Cosital, la asociación que agrupa a este colectivo funcionarial, el de los habilitados nacionales llevan tiempo denunciando la vulnerabilidad a la que están expuestos. «Pese a ser funcionarios estatales nuestras retribuciones, medios materiales, humanos e incluso nuestra permanencia en el puesto dependiente las personas a las que fiscalizamos», aseguraba a este diario Ylenia Díaz, portavoz de esta asociación, durante un encuentro sobre corrupción celebrado en Levante-EMV el pasado mes de diciembre.
Los organismos denuncian el retraso de España
La Red Europea de Autoridades de Integridad y Alertadores aprobó recientemente la Declaración de Bruselas en la que puso el foco en que a finales de 2020 se cumplió un año de la entrada en vigor de la directiva europea. En el primer año la red ha constatado que hay estados que tienen trabajos muy avanzados, pero otros, como en España, que todavía no ha aprobado ninguna de las medidas exigibles.
