Sin el concurso de las plantillas de las policías locales y la estrecha colaboración de todos los ayuntamientos será muy difícil mantener totalmente estancas las 16 ciudades más grandes de la C. Valenciana que a partir de las tres de la tarde del próximo viernes deberían convertirse en búnkeres para que nadie sin una autorización entre o salga de ellas.

La forma en que se concretará la vigilancia de ese cierre perimetral fue fijada en la reunión mantenida ayer entre la Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno, con presencia de los responsables de todos los cuerpos policiales, tanto los estatales —Guardia Civil y Policía Nacional—, como autonómicos y municipales —unidad adscrita a la Generalitat y policías locales—.

En manos del instituto armado está el control de las medidas anticovid en los municipios bajo su responsabilidad —áreas rurales y ciudades pequeñas— y el cierre perimetral de la Comunitat, algo que ya vigilan desde noviembre, cuando el presidente Ximo Puig impermeabilizó por primera vez las fronteras valencianas.

La Policía Nacional, por su parte, es quien tiene encomendada la responsabilidad de que se cumpla el cierre perimetral de las 16 ciudades con más de 50.000 habitantes, precisamente aquellas en las que ya trabajan habitualmente por distribución poblacional de competencias.

Sin embargo, al tener también la obligación de seguir con sus atribuciones habituales, no solo las de hacer cumplir el resto de medidas anticovid sino también prevenir e investigar todos los demás delitos, y contar con plantillas más pequeñas que muchas de las policías locales, serán éstas las que deban poner la mayor parte de los agentes al servicio de ese confinamiento en festivos y fines de semana decretado por el Consell en un intento desesperado por frenar el desbocado crecimiento de contagios.

La otra gran medida, que ha generado una fuerte controversia, es la limitación de las reuniones familiares en las viviendas a un único núcleo de convivientes, una medida que policialmente es incontrolable dada la inviolabilidad del domicilio que protege la Constitución. Por ello, la delegada del Gobierno apeló ayer «al autocontrol» para evitar contagios e interrelaciones que las favorezcan. «Quedémonos en casa, no esperemos a que una norma nos lo diga», insistió tras la reunión.

Calero garantizó, además, que la Policía Nacional seguirá ocupándose de prevenir los botellones, mientras que Gabriela Bravo aseguró que la Autonómica seguirá vigilando que se cumplan los aforos en las grandes áreas comerciales. Ambas se congratularon por el creciente frenazo de movilidad de la ciudadanía propiciada por los toques de queda y los cierres de bares y establecimientos.