La ex directora general de Función Pública entre los años 2012 y 2015, Ana Brugger, se sentará en el banquillo de los acusados por presuntamente escribir y entregar a una de las aspirantes las preguntas de un examen para una oposición. Según una resolución de la sección primera de la Audiencia de València el juicio se celebrará el próximo 11 de marzo a partir de las diez de la mañana en la Ciudad de la Justicia de València. Junto a Brugger se sentará en el banquillo de los acusados la amiga a la que supuestamente filtró las respuestas del examen de oposición, María Gonzalbez, actualmente asesora de Vox en el grupo parlamentario de las Corts.

La Fiscalía de València solicita tres años de inhabilitación y multa de 20.000 euros para Ana Brugger por escribir las preguntas ya que considera que cometió un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función. El sindicato CGT, el único que denunció los hechos y que ejerce la acción popular, pide seis años de prisión para Brugger y tres para Gonzálbez por un presunto delito de falsedad documental.

La sección tercera de la Audiencia de València, que envió la causa a juicio tras un recurso de las acusadas, consideró que las diligencias practicadas en la instrucción «ponen de manifiesto una maquinación fraudulenta para superar un examen de oposición para el Cuerpo Superior de la Administración General de la Generalitat, con el beneficio económico que reporta la superación de dicha oposición, en la que intervienen las investigadas Ana Brugger y María Gonzálbez ». La primera, afirma la Audiencia, «facilitando notas esenciales para resolver un tema del examen a la segunda, y ésta redactando la respuesta copiando dichas notas que no obstante quedó en un mero intento al ser descubiertas por una de las encargadas de la vigilancia de la prueba».

La aspirante a la plaza que convocó la Generalitat alegó en sus recursos que copiar en un examen no es delito. Desde el sindicato CGT rebatieron este argumento al recordar que se trata de una oposición y no de un examen académico. «Una cosa son los exámenes que un profesor usa como medio para que sus alumnos se expresen y se valoren a sí mismos; y otra que se abra un procedimiento para seleccionar por un método objetivo establecido en las bases de la convocatoria, a los que lo merezcan. La prueba escrita que, según la instrucción ha sido falsificada no es un ejercicio escolar», concluía la CGT.