Educación defiende que el 96 % de los colegios tendrán más horas de orientadores

La Conselleria de Educación ha salido al paso ante el revuelo por el borrador del nuevo modelo de orientación educativa que, entre otras cosas, suprime los 34 servicios psicopedagógicos escolares (SPE) que en la actualidad atienden a los centros públicos de Infantil y Primaria (CEIP) y los de Educación Especial (CEE).

En una carta remita a los directores esta semana, la Dirección General de Inclusión Educativa apunta que el proyecto «es un paso firme en la mejora del sistema educativo público» y «fundamental para la mejora de la calidad educativa valenciana», siguiendo el decreto de inclusión de 2018.

Entre otras cosas, la nueva estructura —que ‘descentraliza’ a los profesionales incluyéndolos en la plantilla docente de cada colegio— supondrá «un incremento de horas de atención en el 96 % de los centros educativos de Infantil, Primaria y Educación Especial y un incremento total de 130 profesionales» lo que, según reconocen, supone «esfuerzo presupuestario y de dotación de recursos humanos importante».

El futuro decreto —que hoy se vuelve a negociar en la mesa sectorial de Educación, tras aplazarlo la semana pasada—, cuenta con el total apoyo de los directores de los CEIP y CEE, que recuerdan que se trata de una reivindicación histórica, ya que se imita el funcionamiento de la orientación en Secundaria, como publicó Levante-EMV.

No obstante, los sindicatos pidieron más tiempo a la conselleria para poder estudiar el texto y los trabajadores de los SPE —que serán reubicados en Infantil, Primaria y Especial— han protestado porque se ponga fin a un modelo treintañero, que debería reforzarse y no desmontarse, afirman.

Críticas de algunos profesionales

Ahora, las últimas críticas han llegado de la mano del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPV) y de los colegios oficiales de Trabajo Social de la C. Valenciana (COTS), con profesionales integrados en los SPE, ya que son equipos multidisciplinares.

En COPV consideran que el «modelo de un orientador por centro no garantiza una escuela inclusiva», por lo que piden al Consell que apueste «por la estructura y redes de la orientación educativa actuales, potenciando la colaboración de la administración local, siguiendo la política de servicios de proximidad y comunitarios».

Por otro lado, los trabajadores sociales han remitido una carta al conseller Vicent Marzà en la que manifiestan su «desacuerdo» en cambiar un modelo «referente para el sector y que tiene «una visión de proximidad de la realidad escolar». Por eso, igual que los sindicatos, piden «un proceso de análisis, participación y diálogo».

Respecto a los trabajadores sociales, Educación indica que los centros con gran porcentaje de alumnado con necesidades de compensación de desigualdades incorporarán un profesional, que complementará la labor docente y colaborará con los servicios sociales comunitarios.

Sobre la negociación del borrador, la conselleria deja la puerta abierta a «incorporar las aportaciones que se considere que mejoran el texto inicial», recoge la carta.