La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha propuesto una futura Agencia Nacional Anticorrupción en el proceso de consulta pública de la Directiva Europea Whistleblowers abierto por el Ministerio de Justicia.
La agencia apuesta porque esta entidad sea de ámbito estatal y supletoria en aquellas comunidades autónomas que no cuentan con esta institución. Esta Autoridad Nacional sería independiente de las Administraciones Públicas y de su sector público y estaría adscrita al Congreso de los Diputados.
La AVAF, en su escrito, hace énfasis en que con los trabajos que se están desarrollando de transposición de la Directiva Europea existe una "oportunidad única", y ésta "no debería limitarse a una adaptación de mínimos al derecho interno español, sino que debería plasmarse en un ambiciosa Ley para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción", apunta.
Esta futura ley no recogería únicamente las líneas marcadas por la Directiva, sino que haría suyas las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, la cual fue ratificada por España en 2006, y que todavía no han sido incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.
Además, la AVAF destaca que la transposición de la Directiva debe permitir la armonización del derecho nacional con las distintas normativas autonómicas ya aprobadas y vigentes, así como también articular la coordinación entre los controles e investigaciones administrativos, penales o de cualquier otro orden.
También la agencia ha presentado una alegación que hace referencia a la ampliación de la protección de la persona denunciante más allá de los doce ámbitos enumerados en el artículo 2.1 de la Directiva.
La AVAF señala como ámbito esencial a incluir el de las administraciones públicas y, en especial, el de su sector público dependiente o vinculado, ya que es donde existen menos controles.
También recomienda ampliar el ámbito de aplicación a otros ámbitos y políticas de la legislación nacional, siempre que exista un riesgo de que el incumplimiento de estas leyes pueda causar un daño grave al interés público y al bienestar de la sociedad.
Con respecto a la cuestión sobre qué entidades del sector público deberían quedar integradas en el ámbito de aplicación personal de la Directiva, la AVAF apuesta por una concepción lo más amplia posible de sector público.
Buzón de denuncias
Ante la posibilidad de que España acoja la denuncias anónimas, la AVAF señala que deberían permitirse ya que es la mejor herramienta para proteger a la persona que denuncia, informa o alerta de irregularidades, según la propia experiencia de a través de su buzón de denuncias anónimas.
Respecto a la existencia de canales de denuncia internos tanto en empresas como en administraciones públicas, la Agencia propone una rebaja en el nivel exigido para que sea obligatorio la implantación de buzones internos de 50 trabajadores, respecto de las empresas, y de 10.000 habitantes para los municipios.
Las características tanto del tejido empresarial español como de sus municipios hacen que la mayoría de ellos quedasen exentos de esta exigencia.
