El militar uruguayo decidió contactar telefónicamente con las autoridades —mediante un intermediario— y manifestó su voluntad de entregarse. Les dijo que estaba en un apartamento alquilado en Peñíscola y propuso que su detención tuviera lugar en esa vivienda. A partir de ese momento, la policía uruguaya contactó con España para organizar el arresto del presunto genocida. La Brigada Provincial de Información de Castelló se trasladó hasta Peñíscola, por orden de la Audiencia Nacional, y practicó la detención del militar en el domicilio que ocupaba en Peñíscola. Todo apunta a que su extradición será inmediata para ponerlo a disposición judicial en su país por crímenes de guerra cometidos hace 40 años. Además del caso del militante comunista Óscar Tassino, Ferro está acusado de la desaparición y asesinato del dirigente comunista Fernando Miranda; la desaparición de María Claudia García de Gelman; o el secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti.
