Febrero. A las puertas de que se cumpla el último plazo marcado por el Gobierno para presentar las bases de la negociación de la reforma de la financiación autonómica, el avance de la pandemia ha vuelto a regar de incertidumbre el momento en el que se abordará la eterna reivindicación del Consell. La propia ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, confesó hace escasos días que los tiempos van muy ajustados y que probablemente habrá que esperar un nuevo aplazamiento porque todos los esfuerzos han estado centrados en aplacar el virus y en paliar los daños de los últimos temporales.
Con estos mimbres, los grandes entes cívicos, sindicales, empresariales y políticos valencianos han reactivado sus acciones para elevar la presión sobre el Ejecutivo Central y visibilizar cómo la crisis ha hecho más evidente que nunca la discriminación que pesa sobre el territorio.
A través de una misiva, la Plataforma per un Finançament Just solicitó ayer una reunión formal con la ministra y le trasladó la preocupación sobre los últimos atrasos respecto al cambio de modelo. El documento, firmado por UGT, CC OO, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la red de entidades por una financiación justa y todos los partidos con representación en las Corts excepto el PP y Vox, recuerda el compromiso incumplido por el Gobierno de presentar un «esqueleto» del nuevo sistema en noviembre.
Ese mismo mes se produjo el último acto reivindicativo abanderado por la plataforma: una concentración que sirvió para evidenciar la incómoda realidad de que todo sigue por hacer tres años después de la gran manifestación por la financiación justa de 2017, con un poder de convocatoria mucho mayor.
La misiva que ayer entregaron a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y al delegado del Ministerio de Hacienda en la C. Valenciana, Gabriel Luis Vaquero, los representantes de los dos sindicatos mayoritarios y la presidenta de la CEV València, incide en que, a pesar de que los presupuestos de 2021 cumplen con la reivindicación histórica de dotar al territorio de una inversión estatal pareja a su peso poblacional, la C. Valenciana sigue liderando la tabla de las autonomías más discriminadas a nivel de recursos por habitante. «El resultado es insoportable para la ciudadanía valenciana», enfatiza el documento, en un momento en el que la pandemia ha tensado al límite las costuras de los servicios públicos y ha dejado patente la necesidad de recursos de la autonomía para garantizar la salida de la crisis y afrontar los retos de modernización del modelo productivo autóctono.
Por todas estas razones, la plataforma exige «responsabilidad» a todas las fuerzas políticas del Congreso y urge al Gobierno a cumplir en «un plazo breve» la promesa de presentar una propuesta de solución a la infrafinanciación de la C. Valenciana, con tal de iniciar cuanto antes el proceso de diálogo. El escrito también emplaza a Montero a plantear una reforma fiscal «más equilibrada y justa territorial y socialmente», pese a las suspicacias manifestadas por comunidades como la de Madrid.
Nuevo aumento de la deuda
Mientras tanto, el pleno del Consell autorizó ayer un incremento de la deuda autonómica por un importe máximo de 1.366 millones de acuerdo con el límite fijado en la Ley de Presupuestos de 2021. De la cuantía total autorizada, 1.233 millones corresponden al índice de referencia de déficit para el ejercicio, fijado en el 1,1 % del PIB, y 91 millones a la devolución de la liquidación negativa de 2008 y 2009 del sistema de financiación de las comunidades. Otros 38 millones de euros se refieren a la amortización de pasivo de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Más deuda cargada a la maltrecha chepa de la Generalitat.
