La titular del juzgado número 18 de València ha reactivado la pieza principal del caso Imelsa y ha citado a declarar a un grupo de contratados por la empresa de la Diputación de València antes de que prescriba el caso.

En esta pieza se abordan los contratos de césped artificial para campos de fútbol o la adquisición de lámparas led, operaciones de coste presuntamente inflado y donde los investigadores sospechan que mediaron comisiones a los principales imputados, los responsables de la corporación provincial y la empresa durante la etapa del PP. Sin embargo, en esta parte de la investigación también figura un grupo de personas que declararon ante la Guardia Civil, pero no ante el juez. Lo que se rastrea es si se trata de contratados por Imelsa que ejercían sus funciones en otras instituciones (o en ninguna) pese a cobrar de la empresa. Serían también zombis, como los que ya figuran en una pieza diferente, donde son el foco de la investigación.

Según ha podido saber este diario en fuentes judiciales, la jueza ha emitido un auto en el que llama a declarar a esta decena de contratados, entre los que estarían José Ramón Tíller, que luego fue gerente de la entidad, y Borja Micó (exjefe de gabinete del ayuntamiento socialista de Gandia) como nombres más destacados.

El juzgado reclama asimismo documentación sobre esta decena de personas a la empresa (ahora bautizada como Divalterra) y a la diputación: funciones que realizaban y nóminas. Tras analizar los expedientes y sus declaraciones, la jueza decidirá si mantiene las investigaciones o las archiva.

En esta pieza es donde figuran también, según las fuentes jurídicas, los miembros del consejo de administración y cargos que fueron llamados a declarar ante la Guardia Civil pero no fueron citados nunca por el juez. Se trata de Rosa Pérez, José Manuel Orengo o Emili Altur. Según las fuentes, tampoco han sido convocados ahora, si bien no se puede descartar que la jueza lo haga. A la vista de la documentación que reciba, deberá adoptar una decisión.